Ayer, el Gobierno provincial confirmó que Unión Transitoria de Empresas (UTE) se hará cargo de las reparaciones del dique El Cadillal. Esto levantó una fuerte polémica en la oposición, sobre todo. Según indicó el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Carlos Arnedo, “esta contratación sería un nuevo acto de corrupción del Gobierno“.
En diálogo con La Gaceta, el ministro de Obras y Servicios Públicos de Tucumán, Fabián Soria, explicó las razones por las cuales el gobierno se inclinó por adjudicar el millonario proyecto de reparación del dique a la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por Sabavisa SA y Mercovial SA.
El funcionario señaló que, en línea con lo indicado por la Nación, se había conformado una comisión especial, que cuenta con la participación de un consultor externo, de representantes del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep) de la Nación, y de la empresa concesionaria del dique, Hidroeléctrica Tucumán SA.
En ese marco, explicó que el informe elevado respecto a los oferentes fue clave para la resolución final.
“Nos juntamos a primera hora los tres ministros que formamos parte de la comisión de preadjudicación (Soria; Miguel Acevedo, de Interior; y Álvaro Simón Padrós, de Desarrollo Productivo); y tomamos una decisión en función de ese informe”, remarcó el ministro de Obras Públicas.
“Si esto es aprobado, estaríamos en condiciones de convocar a esta empresa, y la idea es que arranque lo antes posible (con las tareas)”, profundizó.
Soria fue consultado por los cuestionamientos que figuran respecto a la UTE en un informe elaborado por Hidroeléctrica Tucumán SA. El ministro advirtió que, según los expertos consultados, “todas las empresas invitadas” a participar del cotejo de precios estaban en condiciones de asumir las tareas.
Señaló que, sin embargo, “hay aspectos” que inclinaron la balanza en favor de Sabavisa-Mercovial, como “el respaldo económico” para llevar adelante la obra.
Arnedo recordó que esta empresa fue denunciada por no terminar sus trabajos en la Provincia de San Luis. Según el propio ministro tucumano, la UTE “explicó los motivos”, y aludieron a una “redeterminación de precios” que afectó a “todas las empresas de esa época”. “No fue por un tema técnico, sino administrativo-económico”, apuntó.
El funcionario municipal puso en dudas el procedimiento a partir del cual se llevó adelante la contratación de la empresa y habló de un “negociado”.
“No creo que esto sea casualidad. Está todo orquestado para que detrás de esta contratación haya un nuevo negociado del oficialismo. Se ve que no les alcanzó con la plata que repartieron a través de los fondos no reintegrables. Son insaciables. La sed de corrupción los supera”, arremetió.
Por último, el funcionario alfarista, hizo un recuento de los motivos que sustentan sus afirmaciones. “Primero, esperaron hasta último momento para hacer los arreglos y forzar una contratación directa ‘avalada’ por la legislatura. Segundo, una vez presentadas las empresas oferentes, se advirtió la floja reputación de la UTE. Tercero, como afirmó el legislador Berarducci, son empresas ‘distintas’ pero tienen los mismos directivos y denunciadas por otros gobiernos de corte peronista”.
“Cuarto, el informe técnico detallaba que solo una de las empresas oferentes podía realizar las refacciones a partir de los antecedentes que tenía. En definitiva, todos los indicadores marcan que la contratación de esta UTE sería un nuevo acto de corrupción del gobierno”, finalizó Arnedo.
