Jorge Anaya González y Nicolás Vargas permanecerán durante 45 días bajo arresto domiciliario, luego de ser imputados por desobediencia judicial y portación ilegal de arma de guerra en una causa vinculada con el enfrentamiento armado que protagonizaron junto a Facundo Ale durante una fiesta electrónica, en septiembre del año pasado.

Los dos acusados habían sido detenidos el 24 de septiembre y podrán cumplir la medida en sus domicilios una vez que cada uno deposite una caución de $3,5 millones. Además, deberán utilizar tobillera electrónica.

Anaya González cumplirá el arresto en la zona de los monoblocks de avenida Roca al 2600, mientras que Vargas permanecerá en su domicilio de Lomas de Tafí. La medida se extenderá hasta el 10 de noviembre.

La acusación contra los dos integrantes del grupo

Según la investigación, Anaya González y Vargas habrían incumplido las condiciones que les habían impuesto para permanecer en libertad mientras avanza la causa por el tiroteo con Facundo Ale.

Entre esas reglas se encontraba la prohibición de acercarse a Ale o mantener cualquier tipo de contacto con él, ya fuera de manera personal, telefónica o a través de redes sociales.

La Fiscalía sostiene que, entre febrero y septiembre de este año, los acusados habrían enviado a personas allegadas a Ale fotografías en las que aparecían exhibiendo armas de fuego, con la intención de intimidarlo.

Durante la audiencia, Ale afirmó que también habría existido presión sobre personas que declararon como testigos en la causa.

“Ellos están amenazando a los testigos, que son amigos míos”, sostuvo Ale, quien además mencionó distintos episodios que, según su relato, habrían ocurrido durante los últimos años.

Los imputados, en tanto, se abstuvieron de declarar.

¿Las armas de las fotos son reales?

Uno de los puntos centrales de la audiencia fue determinar qué tipo de armas aparecen en las fotografías y, fundamentalmente, si se trata de armamento real.

La auxiliar fiscal Jimena Castro incorporó la opinión del perito en criminalística Miguel Delgado, integrante del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), quien analizó las imágenes.

De acuerdo con esa evaluación preliminar, en las fotografías podrían observarse un fusil tipo AR-15, en calibres .223 o 7,62, y una pistola Glock 17 calibre 9 milímetros.

El especialista aclaró que se trataba de una identificación orientativa realizada únicamente a partir de las imágenes, por lo que no pudo determinar de manera definitiva si las armas eran reales.

La defensa, ejercida por Facundo Herrera, utilizó justamente ese punto para cuestionar la imputación por portación de arma de guerra.

El abogado señaló que las armas no fueron encontradas en ninguno de los nueve allanamientos realizados y sostuvo que, a partir de las fotografías, no puede establecerse si se trata de armas reales, réplicas, juguetes, objetos fabricados mediante impresión 3D o incluso imágenes generadas o modificadas mediante inteligencia artificial.

Por qué el juez optó por el arresto domiciliario

El juez Sebastián Noriega Parache consideró que las fotografías y el informe orientativo del perito eran suficientes para avanzar con la investigación y formular los cargos, pero no para justificar una prisión preventiva.

De esta manera, resolvió imponer 45 días de arresto domiciliario, con caución económica y monitoreo electrónico.

La cuestión vinculada con las armas será determinante para el futuro de la imputación. Si la Fiscalía no logra acreditar que se trataba de armas reales y que además fueron exhibidas en un ámbito público, podría caerse el cargo por portación ilegal de arma de guerra.

En ese escenario, permanecería la acusación por desobediencia judicial, un delito que permite una eventual excarcelación.

Los tres imputados por el tiroteo están con prisión domiciliaria

Con la resolución adoptada sobre Anaya González y Vargas, los tres imputados vinculados con el tiroteo de la fiesta electrónica cumplen actualmente medidas de arresto domiciliario.

En el caso de Facundo Ale, la acusación fiscal es de mayor gravedad y se solicitó una pena de seis años y seis meses de prisión.

El hijo de Ángel “El Mono” Ale, además, cuenta con una condena previa de un año y seis meses de prisión condicional por un ataque a tiros contra la vivienda de una mujer vinculada al grupo de Los Gardelitos.