La investigación por la muerte de Gabriel Sebastián Palavecino, el hombre de 32 años que falleció ahogado mientras realizaba actividad acuática terapéutica en un natatorio de Barrio Sur, dio este lunes un giro judicial clave. El Ministerio Fiscal imputó por homicidio culposo al profesor de terapia acuática y al guardavidas que debían asistirlo y controlarlo dentro de la pileta.

La acusación fue formulada ayer lunes por la Unidad Especializada de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo. Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Lucas Manuel Maggio detalló cómo ocurrió el hecho y fundamentó por qué la Fiscalía entiende que ambos acusados incumplieron gravemente con sus deberes de cuidado.

El trágico episodio ocurrió el 19 de noviembre de 2025 en el natatorio del Instituto Nacional de Deportes (IND), ubicado en la calle Congreso 669, en pleno centro de San Miguel de Tucumán. Según la acusación fiscal, cerca de las 9.30 de la mañana, Palavecino se encontraba dentro de la pileta realizando actividad física con fines terapéuticos cuando quedó sumergido, inmóvil y boca abajo durante seis largos minutos.

Durante todo ese lapso, ni el profesor que debía asistirlo ni el guardavidas del lugar le prestaron auxilio. La dramática situación recién fue advertida por una persona no identificada que logró sacarlo del agua, pero ya era demasiado tarde. Posteriormente, la autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión, un dato que cimentó las bases para que la Fiscalía decida avanzar hoy con una imputación penal concreta.

Negligencia y medidas restrictivas

En la audiencia, el Ministerio Fiscal fue terminante al describir la conducta atribuida a ambos profesionales. Los investigadores sostuvieron que obraron negligentemente, faltando al correspondiente deber de cuidado que sus respectivos roles exigían, encuadrando el caso como homicidio culposo en calidad de coautores.

Si bien la imputación no implica una detención inmediata, la Justicia dictó la imposición de medidas de coerción de menor intensidad por seis meses, plazo estipulado para la investigación penal preparatoria. Entre las restricciones fijadas se encuentran la obligación de mantener domicilio, la prohibición de realizar actos que puedan entorpecer la causa, el deber de presentarse ante cada citación y la estricta prohibición de salir de Tucumán sin autorización judicial.

El expediente había generado una fuerte conmoción desde fines del año pasado. Los familiares de Gabriel sostienen desde el inicio que no se trató de una fatalidad inevitable, sino de un hecho que pudo y debió evitarse, más aún tratándose de una persona con discapacidad intelectual que requería una vigilancia directa y permanente por recomendación médica.

Con el avance de la causa, salieron a la luz otros elementos que agravaron la situación del establecimiento. En enero de este año, la Municipalidad capitalina clausuró el natatorio por falta de habilitación municipal, una grave irregularidad que quedó expuesta en medio de la tragedia.

Para la familia de Gabriel, la imputación de hoy representa el primer paso concreto hacia la justicia, abriendo el debate social sobre los controles reales en los natatorios, la presencia efectiva de guardavidas y la responsabilidad penal frente a la vulnerabilidad.