Dentro de las 48 horas que prevé el Código Procesal Penal, el Ministerio Público Fiscal imputó al sospechoso de la amenaza de bomba en Caja Popular de Ahorros, esquina norte.

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Complejos, Mariana Rivadeneira, lo imputó por el delito de intimidación pública en calidad de autor.

Al momento de relatar el hecho, ocurrido el pasado lunes –ver aparte-, la representante del MPF indicó las evidencias recolectadas en los distintos allanamientos practicados por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y la División de Delitos Telemáticos y Económicos de la policía en Banda del Río Salí y en Alderetes (donde reside). En las medidas se procedió al secuestro de siete teléfonos celulares (algunos con chip y otros sin chip) y una notebook.

“Por la conmoción social y el bien jurídico protegido podemos suponer que puede ser de cumplimiento efectivo (la pena). Asimismo, se vienen pidiendo medidas por el daño patrimonial y la puesta en funcionamiento de estos procedimientos donde se solicitan cautelares por el importe de $3.000.000”, manifestó la Fiscal quien pidió la prisión preventiva por tres meses por el peligro de fuga y el entorpercimiento de la investigación.

Además, Rivadeneira comentó causas anteriores (en el sistema conclusional de 2018) que si bien fueron archivadas se referían al delito de amenazas agravadas por el empleo de armas o anonimato. Entre las evidencias aportadas, la investigadora se refirió al informe del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).