Cuatro presuntos traficantes han sido detenidos tras el incidente ocurrido el 26 de febrero en la localidad costera de Steccato di Cutro, donde una embarcación de madera repleta de unos 180 inmigrantes naufragó cerca de la costa.

El Gobierno de derechas de la primera ministra, Giorgia Meloni, que mantiene una línea dura contra la inmigración irregular, fue criticado junto con los equipos de rescate por las acusaciones de que se podría haber hecho más para evitar el desastre.

Meloni ha afirmado en repetidas ocasiones que no debe permitirse que los traficantes controlen los flujos migratorios hacia el continente y el proyecto de decreto, aún sujeto a aprobación, establece que los traficantes que causen la muerte de más de una persona se exponen a penas de entre 20 y 30 años de cárcel.

El gabinete, que se reunirá en la localidad de Cutro a las 15:45 hora local (1445 GMT), también tenía previsto impulsar la “vigilancia marítima” a través de la Armada y reforzar la red de centros de repatriación de inmigrantes sin derecho a estancia, según el borrador.

La agenda oficial del gabinete enviada por el Gobierno incluía el punto “Decreto Ley: Disposiciones urgentes sobre los flujos legales de entrada de trabajadores extranjeros y sobre la prevención y lucha contra la inmigración irregular”, lo que indica que el gabinete se dispone a aprobar el proyecto, aunque es posible que introduzca algunos cambios.

Cientos de miles de migrantes han llegado a Italia en barco en la última década, huyendo de los conflictos y la pobreza en sus países de origen. Las llegadas por mar han sido de unas 15.800 en lo que va de año, frente a unas 6.000 en el mismo periodo de 2022, según datos del Ministerio del Interior.

El proyecto de decreto también incluye medidas para facilitar que los inmigrantes regulares encuentren trabajo en Italia y ofrece una vía preferente para entrar en Italia a los nacionales de terceros países que promuevan campañas contra la inmigración irregular.