En la Casa de Gobierno de Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo expresó con firmeza su reclamo hacia la Justicia y las instituciones educativas para que actúen con mayor severidad frente a las amenazas de tiroteos y la presencia de armas en las aulas. Las declaraciones, recogidas por La Gaceta, reflejan la preocupación oficial ante lo que el mandatario calificó como conductas que no pueden quedar impunes.

Jaldo pidió que se tomen medidas “a fondo” y que quienes cometan delitos —desde pintadas hasta el ingreso de armas blancas o de fuego— sean detenidos y que “se haga responsables penal y civilmente a sus padres de manera inmediata”. En sus palabras: “Hay que ir a fondo con las medidas. Estos chicos que de alguna manera cometen delitos pintando paredes o llevando armas blancas y armas de fuego tienen que ser detenidos.”

Privación de libertad y expulsión como respuesta
El gobernador reclamó que quien intente o cometa un delito quede detenido y sea expulsado de la institución educativa. Advertió que no hay espacio para la benevolencia ni para “mirar para otro lado”, y señaló que, en caso de que ocurra un hecho lamentable, las autoridades de turno quedarán comprometidas. “El que comete un delito o un intento de delito tiene que quedar detenido y ser expulsado de la institución. A esto hay que darle un corte de cuajo, no da para más.”

Las afirmaciones del mandatario se dieron luego de que se informara que en la provincia se registraron cerca de 90 denuncias por amenazas de tiroteo en días recientes, y de que algunos alumnos admitieron haber sido responsables de pintadas. También se conocieron episodios puntuales: un estudiante que ingresó con una navaja a la Escuela de Comercio N°1 —que atribuyó a un error— y la revocación de la prisión preventiva de un adolescente de 17 años imputado por llevar un revólver calibre 38 al establecimiento sin que se produjeran incidentes.

Pedido explícito a la Justicia y el accionar policial
El gobernador subrayó que el accionar policial se encuentra activo, pero solicitó un endurecimiento de las medidas judiciales. Propuso que los menores infractores sean enviados al instituto para menores Padre Brochero —ubicado en Benjamín Paz— para recibir acompañamiento, aunque subrayó que no pueden poner en riesgo a la comunidad escolar. “El accionar de la Policía está a pleno. La Justicia tiene que endurecer las medidas. El que comete un delito debe ser detenido y enviado a Benjamín Paz.”

Medidas administrativas: Decreto y sanciones
Jaldo recordó que ante las primeras amenazas el Poder Ejecutivo publicó el Decreto N° 772/7, destinado a intensificar acciones preventivas y disuasivas, y a endurecer las consecuencias para los responsables. El decreto autoriza la expulsión y aprehensión de alumnos que participen en actos de inconducta, con traslado a Padre Brochero, y establece la responsabilidad de padres y tutores por las conductas de los menores. Además, prevé la pérdida de subsidios estatales para los establecimientos que no se hagan cargo del cuidado de los estudiantes.

Insistencia en medidas más duras
El gobernador criticó decisiones institucionales que, a su juicio, resultaron livianas ante hechos graves: casos en los que menores que llevaron armas al colegio fueron simplemente enviados a sus casas. Reiteró la necesidad de aplicar sanciones contundentes ante la presencia de revólveres o cortaplumas en las escuelas y ponderó el riesgo que ello representa para la comunidad educativa. “Si lleva un revólver o un cortapluma al colegio es un riesgo cierto para los compañeros y una preocupación seria para todos los padres. Hay que ir a fondo.”

El pronunciamiento oficial marca un llamado a reforzar la respuesta institucional frente a conductas que, según el Ejecutivo provincial, exigen medidas más rigurosas para proteger la integridad de alumnos y docentes.