El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, lanzó una dura advertencia ante la proliferación de amenazas de tiroteos mediante pintadas intimidatorias en baños de escuelas públicas y privadas de la provincia. Ante esta alarmante situación, que ya acumula al menos 15 denuncias, el mandatario reclamó medidas firmes y urgentes.

“No vamos a seguir tolerando este tipo de acciones por parte de los estudiantes; hay que ponerles límites a los chicos y eso es aplicar el 100% del decreto del Poder Ejecutivo”, afirmó en declaraciones a medios.

Jaldo fue categórico al calificar estos episodios: “Lo que están haciendo los chicos es un delito: decir que puede haber tiros es una amenaza, y eso es un delito. Y a los delitos les tiene que caer todo el peso de la ley”.

El Decreto 772/7: expulsiones y el Instituto Cura Brochero
Para hacer frente a la crisis, el gobernador firmó el miércoles el Decreto N° 772/7 del Ministerio de Seguridad. La normativa instruye a la cartera conducida por Eugenio Agüero Gamboa y a la Policía a intensificar las acciones preventivas, de disuasión e intervención, tanto dentro como fuera de las escuelas.

Las consecuencias establecidas por el decreto son severas e incluyen:

Para los alumnos: expulsión y aprehensión de los involucrados, con eventual traslado al Instituto Padre Brochero, ubicado en Benjamín Paz.
Para las familias: establece la responsabilidad directa de padres y tutores por la conducta de los menores.
Para las instituciones: advierte que los colegios podrían perder subsidios si no garantizan el cuidado de los estudiantes.
Para los docentes: “Los docentes, si no denuncian, se convierten en cómplices. Tenemos que darle un corte a todo esto”, enfatizó Jaldo.
“No se puede mirar para otro lado”
El titular del Poder Ejecutivo reconoció que esta problemática excede los límites de Tucumán, pero subrayó la obligación de actuar a nivel local mediante un abordaje integral: “Los padres tienen que hacerse cargo, los docentes acompañar y el Gobierno poner límites. No se puede seguir haciendo la vista gorda”.

En este sentido, se refirió al reciente caso en Yerba Buena, donde un alumno de 13 años confesó haber realizado una amenaza. “A pesar de que es menor de edad y aunque tenga problemas, el colegio tiene que evaluar la expulsión. De nada sirve que produzcan semejante revuelo y que todo quede en nada”, sostuvo.

Además, el gobernador se mostró crítico sobre la efectividad de los gabinetes pedagógicos interdisciplinarios: “Todas las medidas de contención son importantes, pero hay que ver cómo se venía trabajando. Claramente no está funcionando”. Para Jaldo, la solución es avanzar simultáneamente con las expulsiones y las derivaciones a la Justicia de menores.

Refuerzo policial en los establecimientos
Finalmente, el mandatario adelantó que se reforzará la presencia policial en las escuelas donde se detectaron amenazas, con especial foco en aquellas consideradas de mayor riesgo. Detalló que los uniformados podrían llegar a recorrer los establecimientos junto a las autoridades educativas para prevenir nuevos episodios de psicosis.

“Lo que no se puede permitir es que los chicos sigan haciendo amenazas y generen preocupación en los padres y complicaciones en la vida educativa”, concluyó.