Por primera vez en Tucumán, tres ex altos directivos de una empresa privada podrían ser juzgados por su presunta complicidad con los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar. La Cámara Federal de Casación Penal dejó firmes los procesamientos de Jorge Alberto Figueroa Minetti, Eduardo Butori y Fernando Cornú de Olmos —ex ejecutivos del ingenio azucarero La Fronterita— acusados por delitos de lesa humanidad contra 68 víctimas, de las cuales 11 continúan desaparecidas.
Con las firmas de los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, el máximo tribunal penal del país rechazó los recursos de las defensas y avaló las imputaciones por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas, agresiones sexuales agravadas y homicidios calificados por desaparición forzada. Todos estos crímenes habrían sido cometidos en el marco del accionar represivo del aparato estatal entre 1975 y los primeros años del régimen militar, en el predio del ingenio ubicado en la localidad de La Fronterita, departamento Monteros.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, los empresarios habrían facilitado activamente el funcionamiento de un centro clandestino de detención —la base militar de la Fuerza de Tareas “Rayo”— al interior de las instalaciones del ingenio, propiedad de la firma José Minetti & Cía. La imputación sostiene que los acusados cedieron infraestructura, vehículos, caminos internos y recursos humanos para apoyar la operación ilegal de la represión. También habrían proporcionado listados con información de trabajadores y sindicalistas, además de omitir denunciar los hechos.
La investigación, que se originó en el marco de la megacausa “Operativo Independencia”, comenzó formalmente el 30 de marzo de 2015 y se amplió luego al período posterior al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
En 2019, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán ya había determinado que en el predio de La Fronterita funcionó un centro clandestino de detención, donde se cometieron sistemáticamente delitos de lesa humanidad.
Entre las víctimas figuran 43 trabajadores del ingenio, 31 residentes de las colonias de la empresa, 10 personas interceptadas camino a su trabajo, 10 detenidas en el retén de acceso a la planta industrial, 10 sindicalistas del gremio azucarero y otras ocho personas que habrían sido secuestradas usando vehículos de la compañía.
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El Tribunal Oral Federal de Tucumán —integrado por jueces subrogantes de Catamarca y Santiago del Estero— será el encargado de llevar adelante este juicio, cuya fecha de inicio aún debe definirse. La situación procesal de Fernando Cornú de Olmos sigue pendiente a la espera de una junta médica que determine si está en condiciones de enfrentar el proceso oral y público.
“Este juicio no sólo representa una oportunidad histórica de juzgar a civiles con poder económico que colaboraron con el terrorismo de Estado, sino que también expone el rol estructural que tuvo el empresariado en la persecución a dirigentes gremiales y trabajadores organizados en Tucumán”, señalaron desde organismos de derechos humanos.
La decisión de Casación ratifica que existen pruebas suficientes para avanzar hacia el juicio oral, donde los acusados deberán responder por su presunta participación en uno de los capítulos más oscuros del vínculo entre empresas y dictadura. En ese sentido, el caso La Fronterita se suma a otras causas emblemáticas del país en las que se intenta arrojar luz sobre la complicidad del poder económico en el terrorismo de Estado.
