El juez Edgardo Rojas, del Centro Judicial Concepción, resolvió este miércoles rechazar el pedido del Ministerio Público Fiscal para que la causa que investiga una presunta asociación ilícita que habría operado desde la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi pase al fuero federal. La decisión implica que el proceso seguirá tramitándose bajo la órbita de la justicia provincial, al menos por el momento.

La solicitud había sido presentada por la fiscala Mónica García de Targa, quien alegaba que existía conexidad entre esta causa y una investigación federal paralela, en la que también están involucrados algunos de los imputados, entre ellos el exintendente Luis Armando Campos y Roque Cayetano “Chipi” Giménez, por presuntos delitos de lavado de activos y narcotráfico.

Sin embargo, el magistrado argumentó que no se acreditó suficientemente esa conexión directa entre ambas causas, y que un traspaso de jurisdicción en esta etapa podría afectar garantías procesales básicas, especialmente las de los imputados que permanecen con prisión preventiva desde hace semanas.

Argumentos del juez

Entre sus fundamentos principales, Rojas expresó que el cambio de fuero ahora implicaría:

Riesgo para el derecho a recurrir de los imputados privados de libertad (como José Roldán, Albano Loru, Pablo “Maceta” Barrionuevo y el propio Giménez).

Demoras procesales, sobre todo si la causa pasara al fuero federal durante el receso judicial invernal, lo que podría dilatar definiciones clave.

Ausencia de pruebas concretas que justifiquen, al día de la fecha, que los delitos investigados por el Ministerio Fiscal provincial formen parte de una misma maniobra delictiva que la ya iniciada por la Justicia Federal.

El magistrado también tuvo en cuenta que la mayoría de los defensores rechazaron el planteo de incompetencia presentado por el MPF. Sólo Silvia Furque, defensora de Giménez, avaló el pase de la causa al fuero federal. El resto —entre ellos los representantes de Roldán, Loru y Barrionuevo— cuestionó no sólo la falta de pruebas, sino también la oportunidad procesal de la solicitud.

El caso sigue en el Centro Judicial Concepción

Con esta resolución, la causa continuará tramitándose en el ámbito del fuero provincial, bajo la dirección de la fiscala Mónica García de Targa. La representante del MPF había calificado el expediente como “de asunto complejo” y promovido la imputación por asociación ilícita agravada contra los exfuncionarios mencionados, en el marco de una presunta red de lavado de activos vinculada al manejo irregular de fondos municipales.

En el centro de la hipótesis fiscal está el supuesto uso del municipio como plataforma para canalizar fondos públicos hacia empresas fantasmas o con vínculos personales con los imputados. Entre los casos más llamativos, figura el de “Chipi” Giménez, cuya empresa Giménez Consulting Group SRL habría recibido más de $500 millones por obras como la sala velatoria, el mercado municipal y tareas en el complejo deportivo, sin evidencias claras de su ejecución.

También se investiga el pago de $28 millones por supuestos eventos culturales, y transferencias millonarias a una imprenta vinculada a la hija del exsecretario de Hacienda, José Roldán.

El rol del exintendente Campos

Aunque aún no se ha formulado una imputación formal contra Luis Campos, el juez dejó sentado que existe un decreto de apertura de investigación penal preparatoria (IPP) en su contra, por lo cual su presencia en la audiencia era obligatoria.

Campos fue mencionado reiteradamente en los audios que dieron origen al caso y que motivaron la intervención del municipio de Alberdi el 9 de junio pasado. Entre las figuras políticas implicadas también figura Sandra Figueroa, actual legisladora y exintendente, señalada por haber gestionado contrataciones directas a empresas vinculadas a Giménez durante su gestión.

Lo que viene

Aunque Rojas rechazó el pase al fuero federal, dejó abierta la posibilidad de revisar su competencia más adelante, si surgieran nuevas pruebas o si se garantizaran plenamente los derechos procesales de los imputados.

En paralelo, la Justicia Federal continúa con su propia investigación, impulsada por el fiscal Rafael Vehils Ruiz, que también solicitó medidas contra varios de los mismos implicados. La investigación federal gira en torno a posibles vínculos con el narcotráfico, lavado de activos y asociación ilícita en conexión con una red más amplia.

Claves del caso hasta el momento:

La causa se inició tras la viralización del audio entre Campos y Giménez el 5 de junio.

La intervención del municipio se concretó el 9 de junio, por decisión del Poder Ejecutivo provincial.

Los principales imputados provinciales fueron detenidos entre el 13 y el 15 de junio.

La causa fue declarada “de asunto complejo” por el MPF y está radicada en el Centro Judicial Concepción.

Roque “Chipi” Giménez fue trasladado al penal de Benjamín Paz, tras recibir 6 meses de prisión preventiva el 14 de junio.

Aún no se ha imputado formalmente a Campos, aunque ya existe una apertura de IPP.

La resolución del juez Rojas mantiene el expediente en el fuero provincial, pero no cierra la puerta a un posible pase futuro al ámbito federal.