La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó ayer miércoles un firme rechazo al decreto presidencial de Javier Milei, que limita el derecho a huelga y amplía el listado de actividades consideradas esenciales, exigiendo que estas funcionen entre el 50% y el 75% durante los conflictos laborales.

En un comunicado oficial, la central obrera advirtió que acudirá a la Justicia porque considera que esta medida viola un derecho constitucional fundamental. “La CGT no permanecerá en silencio frente a esta grave avanzada de un Gobierno que pretende borrar, una vez más, los derechos que tanto costo conquistar y defender”, alertaron desde el movimiento obrero.

Asimismo, afirmaron que darán “las batallas que tengan que dar, sean en los Tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo, para garantizar este y otros derechos amenazados por el Gobierno Nacional”.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, modifica el artículo 24 de la Ley N° 25.877 y establece que los servicios esenciales deberán garantizar una prestación mínima del 75% en caso de conflicto, mientras que para las actividades de “importancia trascendental” la cobertura mínima será del 50%.

La CGT denunció que el Gobierno pretende suprimir el derecho a huelga “de un plumazo y sin debate ni análisis previo”, ampliando la categoría de servicios esenciales sin criterios claros y solo con el objetivo de restringir la protesta laboral. “En la práctica, esta decisión equivale a cercenar el derecho constitucional a huelga de millones de trabajadoras y trabajadores”, subrayaron.

Por su parte, la Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte (CATT) también repudió el decreto, señalando que fue firmado “bajo el disfraz de la eficiencia y la competitividad”, pero que en realidad promueve intereses extranjeros, pone en jaque la soberanía nacional y amenaza el trabajo argentino.

Además, la CATT advirtió que la desregulación en la industria aeronáutica, impulsada por la Secretaría de Transporte, pone en riesgo la seguridad operacional y miles de puestos de trabajo, afectando el desarrollo estratégico del sistema aeronáutico nacional.

El sindicato llamó al Ejecutivo a revisar este rumbo que vulnera derechos laborales y erosiona la capacidad soberana del Estado para planificar políticas públicas en transporte.

Finalmente, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) acusó que el decreto fue impulsado por “las multinacionales y los empresarios millonarios”. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, aseguró que la medida es ilegal y advirtió que exigir garantizar el 75% de las prestaciones durante una huelga hace que esta pierda todo sentido y efecto. “Sin el derecho de huelga estamos condenados a volver a la esclavitud. Tenemos que impedirlo”, sentenció.