La Corte Suprema de Justicia rechazó los planteos presentados por el Estado Nacional para apartar a jueces que intervienen en la causa por el financiamiento universitario y confirmó que continuarán actuando en el expediente.

La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes también descartaron el pedido para que los integrantes del máximo tribunal se excusaran de intervenir en el proceso.

El conflicto judicial se originó a partir de un amparo colectivo promovido por representantes del sistema universitario nacional, que cuestiona la constitucionalidad del decreto 759/2025 y reclama la ejecución de partidas contempladas en la Ley de Financiamiento Universitario.

Uno de los argumentos del Estado apuntaba contra el juez de primera instancia Enrique Cormick, a quien buscó recusar por desempeñarse como docente en universidades nacionales que forman parte de las instituciones involucradas en la demanda.

Sin embargo, tanto la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal como la Corte Suprema consideraron que esa circunstancia, por sí sola, no constituye un motivo válido para apartar a un magistrado.

En su resolución, el máximo tribunal recordó que las recusaciones deben interpretarse de manera restrictiva, ya que implican desplazar a los jueces naturales designados para intervenir en una causa.

Además, sostuvo que el ejercicio de la docencia universitaria, incluso cuando es remunerada, no demuestra automáticamente la existencia de un interés personal capaz de afectar la imparcialidad judicial.

“No puede inferirse, por sí solo, que todos los jueces que ejercen la docencia en universidades nacionales tengan un interés personal en la resolución del litigio”, señaló el fallo.

La Corte también analizó una recusación similar presentada contra el juez Sergio Fernández, integrante de la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, quien también desarrolla actividades académicas en una universidad nacional. Ese planteo fue igualmente rechazado.

Por otra parte, el tribunal descartó el pedido del Estado para que sus propios miembros se apartaran del expediente.

Los jueces consideraron que la facultad de excusación es una decisión propia de cada magistrado y no una herramienta que pueda ser exigida por las partes involucradas en un proceso judicial.

Con esta resolución, la Corte ratificó la continuidad de todos los magistrados cuestionados y dejó firme la integración de los tribunales que seguirán interviniendo en una causa clave para el sistema universitario, donde se debate la ejecución de fondos destinados al funcionamiento de las universidades nacionales y a los salarios docentes.