TUCUMÁN, Argentina.- La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo hizo lugar a un recurso de amparo colectivo que había presentado en 2015 el entonces legislador Alberto Colombres Garmendia, solicitando que cesen las prolongadas intervenciones en tres entes autárquicos.

Se trata del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU), intervenido desde el año 1991, al igual que el Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSST), y del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo, en identica situación desde el 2000.

La decisión judicial, fundamentada por el vocal Carlos Giovanniello, con la adhesión de su par Ebe López Piossek, le otorga al gobierno sesenta días de plazo para dictar las medidas que sean necesarias a fin de lograr la normalización institucional de los tres entes.

El argumento de la presentación judicial, avalado por la resolución de la Cámara, es que la intervención es un remedio excepcional que sólo debe usarse en circunstancias de gravedad y por un breve lapso de tiempo. Su prolongación más allá de lo razonable, deriva en una medida arbitraria e ilegal.

Según trascendió, la Provincia, que se opuso a la demanda de Colombres Garmendia con el mismo argumento que usó la vocal María Florencia Casas para votar en disidencia, (falta de legitimación activa del demandante y la potestad del Ejecutivo para disponer las intervenciones), apelará la decisión.