El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 resolvió dejar sin efecto la medida cautelar que mantenía suspendidos 81 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en una decisión que representa un fuerte respaldo judicial para la reforma impulsada por el Gobierno nacional.

La resolución fue firmada por la jueza federal Macarena Marra Giménez, quien consideró que el magistrado laboral que había dictado originalmente la cautelar no tenía competencia para intervenir en el expediente.

Además, sostuvo que no estaban dadas las condiciones legales necesarias para mantener paralizada la aplicación de la norma.

En el fallo, la magistrada resolvió dejar sin efecto la cautelar dictada el 30 de marzo de 2026, que había suspendido artículos clave de la reforma laboral.

La presentación judicial había sido impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que cuestionó distintos puntos de la ley sancionada por el Congreso.

Entre los artículos suspendidos figuraban aspectos vinculados a contratos laborales, indemnizaciones, negociación colectiva, derecho de huelga, actividad sindical, vacaciones, jornada laboral y modalidades de contratación.

En su resolución, Marra Giménez recordó que la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal ya había establecido previamente que la causa debía tramitar en el fuero contencioso administrativo y no en el laboral.

La jueza citó además la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado, y remarcó que un magistrado debe abstenerse de dictarlas cuando no tiene competencia sobre la causa.

Uno de los argumentos centrales del fallo apuntó al alcance de la medida cautelar que había suspendido gran parte de la reforma laboral.

“La accionante persigue a título cautelar la suspensión de 81 artículos de la ley de modernización laboral mediante los cuales se regulan cuestiones de una variedad y complejidad tal que excede el estrecho ámbito de apreciación del remedio preliminar”, sostuvo la magistrada.

Asimismo, advirtió que analizar la constitucionalidad de semejante cantidad de artículos en una instancia cautelar implicaría anticipar una opinión sobre el fondo del expediente.

“Realizar un examen cautelar sobre la arbitrariedad o inconstitucionalidad de 81 artículos de una ley dictada por el Congreso resultaría un claro abuso del instituto cautelar”, remarcó.

La jueza también enfatizó que las leyes aprobadas por el Congreso “gozan de una presunción de legitimidad” y que el planteo impulsado por la CGT requiere un análisis profundo y definitivo sobre los derechos involucrados.

Otro de los puntos destacados de la resolución fue la inexistencia de “peligro en la demora”, uno de los requisitos fundamentales para sostener una medida cautelar.

Según la magistrada, la causa se tramita bajo un procedimiento sumarísimo y con plazos abreviados, por lo que no existían razones suficientes para mantener suspendida la aplicación de la reforma.

Finalmente, Marra Giménez aclaró que la decisión no implica adelantar una postura sobre la constitucionalidad de la Ley 27.802 ni sobre la legitimación de la CGT para impulsar la demanda colectiva, cuestiones que serán resueltas más adelante cuando se analice el fondo de la causa.