La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió los efectos de la reforma laboral incluida en el DNU 70/2023, de Javier Milei. Se trata de una medida cautelar dispuesta en una causa promovida por la Confederación Federal del Trabajo (CGT).

La decisión la tomaron este mediodía los camaristas María Dora González, Andrea García Vior y Alejandro Sudera.

En el Gobierno confiaban en que los camaristas del Trabajo se desprenderían del caso y lo girarían a la justicia en lo contencioso administrativo, tal como había pedido el fiscal general de la Cámara del Trabajo, pero los camaristas tomaron otra decisión.

Los camaristas revocaron un fallo de la semana pasada del juez laboral de primera instancia Ramonet, que se había negado a conceder la medida cautelar interina promovida por la central obrera con el argumento de que en ese momento todavía no estaba vigente el decreto.

En su voto en disidencia, la jueza González había sostenido que, tal como dictaminó el fiscal general, debía enviarse el caso a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para que resolviera si era competente ese fuero, que acumula varios expedientes contra el DNU, o el laboral.

Pero Sudera, en un voto al que se sumó García Vior, dijo que en este momento correspondía analizar primero si debía dictarse o no la medida cautelar, y posponer la cuestión de competencia que “en el mejor de los casos, haría al fondo de la contienda y no a la medida precautoria que en el marco de este incidente se cuestiona”.

Sudera afirmó que “la aptitud jurisdiccional” de la Justicia Nacional del Trabajo “para entender en la contienda resulta inobjetable no sólo en base a las normas procesales sino también por su especial versación en materia de derecho social”.

“Se invocó que la norma no se encontraba aún vigente al momento del dictado de la resolución -dijo Sudera en alusión al argumento del juez de primera instancia para rechazar la cautelar interina-; pero no lo considero con la importancia asignada por el sentenciante de grado.”

El camarista explicó que existía el “peligro en la demora” imprescindible para justificar cualquier cautelar porque “las disposiciones del DNU cuestionado establecen importantes modificaciones de aplicación inmediata en materia de interpretación de las normas, contratación laboral, modalidades contractuales, derechos y obligaciones de las partes, protección de la trabajadora embarazada y de la maternidad, jornada, protección contra el despido arbitrario, ruptura del contrato y sus consecuencias, discriminación y sus consecuencias, funcionamiento de las asociaciones gremiales, conflictos colectivos, etc”.

Sudera citó a la Corte Suprema y dijo: “El Congreso Nacional tiene la función legislativa, el Poder Ejecutivo dispone del reglamento y el Poder Judicial dicta sentencias, con la eminente atribución de ejercer el control de constitucionalidad de las normas jurídicas. Desde esta perspectiva, no puede sostenerse, en modo alguno, que el Poder Ejecutivo puede sustituir libremente la actividad del Congreso o que no se halla sujeto al control judicial”.

Sudera también recordó que en el fallo Verrocchi la Corte dijo que la Constitución Nacional, cuando regula los DNU, “es elocuente y las palabras escogidas en su redacción no dejan lugar a dudas de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias formales, que constituyen una limitación y no una ampliación de la práctica seguida en el país”.

En su voto, el camarista destacó además que para la Corte “el texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”. Exactamente lo contrario sostiene Rodolfo Barra, el Procurador del Tesoro (jefe de los abogados del Estado) que es el funcionario elegido por Milei para defender en los tribunales su DNU. Barra dice, en su libro “Derecho Administrativo”, que el Presidente “resulta habilitado para elegir discrecionalmente entre enviar un proyecto de ley y la emisión rápida de un DNU”.

El Gobierno apelará el fallo que suspende la aplicación de las reformas laborales incluidas en el mega DNU

El Gobierno apelará la medida cautelar dictada por la Justicia que suspende la aplicación de las reformas laborales incluidas en el mega DNU 70/230. Desde el oficialismo pedirán la incompetencia.

En las líneas oficialistas, argumentan que la decisión “contradice todos los fallos dictados en el país” y se respaldan en que “el fiscal y un juez del mismo tribunal en minoría se opusieron”.

Los jueces de la Cámara José Alejandro Sudera y Andrea E. García Vior votaron a favor del pedido que realizó la Confederación General del Trabajo (CGT) y la jurista María Dora González se opuso y pidió girar el documento a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para definir la competencia.

En el fallo firmado por los tres se establece lo siguiente: “Díctase una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Título IV TRABAJO del Decreto de Necesidad y Urgencia n.° 70/23 hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo ventilada en estos actuados”.

Originalmente, el pedido de la Central Sindical había sido rechazado porque en el momento del ser presentado, el DNU todavía no estaba vigente. Sin embargo, luego de que se habilitara la feria judicial para el tratamiento de esta solicitud, los jueces tuvieron en cuenta la demanda y ahora se deberá esperar a que se resuelva la cuestión de fondo.

Los cambios laborales comprendidos en el megadecreto del Gobierno impulsaron la manifestación a Tribunales del miércoles pasado y el anuncio de un paro general -el primero desde mayo de 2019- previsto para el 24 de enero.