La oposición en el Senado logró el pasado miércoles dictamen favorable a un proyecto que propone modificar la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), herramienta clave para el oficialismo de Javier Milei. La iniciativa no solo endurece las condiciones de aprobación de los decretos, sino que además plantea que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo quede en manos de legisladores opositores.
El texto fue impulsado por la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo (Provincias Unidas), quien unificó seis proyectos en debate en la Cámara alta. “Los DNU son instrumentos de excepción que contravienen la idea de la separación de poderes. Estos proyectos expresan la necesidad de ordenar el manejo de este trámite”, sostuvo Vigo al abrir el debate.
El dictamen sumó adhesiones de distintos bloques: Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Eduardo Vischi, Flavio Fama y Pablo Blanco (UCR), Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), José Neder, Mariano Recalde, Florencia López, Silvia Sapag y Daniel Bensusán (Unión por la Patria).
Según el borrador, los DNU deberán ser tratados por ambas Cámaras en un plazo máximo de 90 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial. Solo quedarán aprobados si las dos cámaras los ratifican expresamente por mayoría absoluta. En caso de que una los rechace o que el plazo venza sin tratamiento, el decreto quedará automáticamente sin efecto.
La propuesta también impide que el Poder Ejecutivo emita un nuevo decreto sobre la misma materia durante ese año parlamentario si uno anterior fue rechazado.
Actualmente, los DNU tienen vigencia plena hasta que el Congreso los rechace. Además, basta con que una sola Cámara los apruebe para que continúen vigentes, como sucede con el DNU 70/2023, que fue rechazado por el Senado pero aún no tratado por Diputados.
Otro punto central del proyecto es la modificación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que hoy preside el oficialista Oscar Zago. La oposición propone que la presidencia recaiga siempre en un legislador opositor, con alternancia anual entre senadores y diputados, y que los integrantes no puedan ser reelectos tras dos años en funciones.
En la comisión, la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri fue categórica: “Con la ley actual, hecha en el kirchnerismo, es más fácil tener un decreto que una ley. El espíritu de la modificación es revertir eso”.
Desde La Libertad Avanza, el senador Juan Carlos Pagotto anticipó que presentará un dictamen propio: “A mí no me circularon ningún borrador”, afirmó, en línea con la intención del oficialismo de defender la norma vigente. En el PRO, algunos legisladores se mostraron cautos y prefieren escuchar primero la opinión de especialistas y del propio Ejecutivo.