Todavía no se sabe que motivó a Salvador Ramos, de 18 años, a atrincherarse en un aula de la escuela Robb Elementary, en Uvalde, Texas, el 24 de mayo, y disparar a mansalva matando a 19 niños y dos maestros. Lo que sí se sabe es que apenas alcanzó la mayoría de edad pudo comprar armas de fuego. Ramos murió de un disparo policial.
La masacre de Uvalde es la segunda en hacer temblar al país en 10 días, luego de la tragedia de Buffalo, Nueva York. Y se trata de la peor en la historia de los Estados Unidos, tras la de la escuela Sandy Hook Elementary de Newtown, en 2012, en la cual murieron 20 niños; y Columbine, en 1999, cuando mataron a 12 alumnos y un maestro.
El presidente Joe Biden, en un mensaje a la nación el día de la tragedia, arremetió contra la industria de las armas de fuego, como responsable central en estas tragedias, e hizo un llamado desesperado a un mayor control de armas. Un esfuerzo de especialistas, políticos y activistas que ya lleva décadas.
La violencia con armas de fuego, que abarca a masacres y a actos individuales, mata a 38,000 personas e hiere a 85,000 cada año en los Estados Unidos.
La American Public Health Association (APHA) define a la violencia con armas de fuego como una crisis de salud pública. “El problema de la violencia armada es complejo y está profundamente arraigado en nuestra cultura, por lo que debemos adoptar un enfoque de salud pública para garantizar que nuestras familias y comunidades estén seguras. Debemos poner un énfasis renovado en mejorar la investigación sobre lesiones y violencia con armas de fuego”.
El control de la portación de armas es uno de los debates más potentes, enfatiza la entidad.
Antes de la masacre de Uvalde, en lo que va de 2022 ya había habido, a nivel nacional, 77 incidentes con armas de fuego en espacios escolares, resultando en 14 muertes y 45 heridos.
La APHA muestra con datos como la carga de la violencia armada en los Estados Unidos supera ampliamente a la de otros países:
