El presidente Javier Milei firmó anoche, desde la residencia de Olivos, una batería de decretos para reformar las fuerzas federales de seguridad. A través de las facultades extraordinarias que le otorga la Ley Bases, el Ejecutivo modificará las leyes orgánicas de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal.

Según confirmaron fuentes oficiales, los decretos ya cuentan con el dictamen de la Secretaría de Legal y Técnica y el visto bueno técnico del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también rubricó los expedientes. La publicación en el Boletín Oficial está prevista para hoy viernes.

Entre los cambios más relevantes se encuentran la redefinición de funciones, estructuras y misiones específicas para cada fuerza, con el objetivo de evitar superposiciones operativas en intervenciones conjuntas, como en la contención de manifestaciones o tareas de patrullaje urbano.

El Gobierno sostiene que la reforma se inspira en el sistema estadounidense, que distingue con claridad las competencias de organismos como la Guardia Nacional (NGUS), la Guardia Costera (USCG) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

En esa línea, la PSA será reconvertida en una “policía de transporte”, con el objetivo de custodiar infraestructura vinculada al sistema de trenes, colectivos y aeropuertos. Se busca mantener su capacidad investigativa, ampliar su personal y evitar que se requieran efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) en terminales aéreas.

La PFA, a su vez, ya fue reconfigurada como fuerza de investigación al estilo del FBI. Su nueva estructura, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), tiene como facultad la detención preventiva de personas por hasta 10 horas sin orden judicial en casos donde existan indicios fundados de delito.

Otra de las medidas incluye una reestructuración interna en cada fuerza, la redistribución de efectivos entre provincias y la Ciudad de Buenos Aires, así como nuevos criterios de reclutamiento y formación.

Gendarmería mantendrá su rol como fuerza de intervención en disturbios de magnitud y situaciones con características de guerrilla, mientras que Prefectura continuará siendo la responsable de la seguridad en aguas navegables, costas y puertos bajo jurisdicción nacional.

Desde la Casa Rosada enfatizan que la intención de la reforma es que “cada fuerza esté enfocada en una función y no se disperse ni se choque con otra”, en un intento por lograr mayor eficiencia operativa.