Javier Milei se prepara para impulsar la Ley Ómnibus, su principal propuesta, en el Congreso, adoptando una postura más firme con las provincias tras realizar ajustes al texto. El Gobierno libertario asegura haber cedido todo lo posible y destaca que, a pesar de la eliminación del paquete fiscal original, se alcanzará la meta de déficit cero de todas formas.

 Aunque una encuesta de Zuban Córdoba y asociados revela que el 58% de la población se opone a que las provincias asuman el ajuste, el Presidente insiste en que se recortarán partidas en los distintos distritos. Una fuente cercana al mandatario señala que las provincias tendrán “más urgencia” que el gobierno central, respaldando la idea de un ajuste más significativo a nivel provincial.

 “Vamos a ajustar partidas que no estaban contempladas y que entendíamos que no era la mejor alternativa, pero estaba dentro las opciones que teníamos para actuar”, puntualizó Manuel Adorni, y agregó: “Se ajustará todo lo que se tenga que ajustar”.

La administración actual está considerando realizar ajustes en diferentes áreas, centrándose en la reducción de subsidios a las tarifas, recortes presupuestarios en infraestructura y disminución de planes. Según funcionarios del Gobierno, perciben que la oposición, incluso la que se muestra dispuesta al diálogo, busca obstaculizar la aprobación de la ley, sin importar el motivo.

Aunque desde la gestión se espera que el proyecto de ley siga su curso normal en el Parlamento, existe un “plan B” que contempla posibles “salidas constitucionales” para implementar las reformas. Algunas de estas opciones incluyen un plebiscito o la posibilidad de aplicar reformas a través de decretos de necesidad y urgencia.

Los colaboradores del Gobierno señalan que, después de este gesto, la implementación de las reformas debería avanzar. Aunque admiten que el plebiscito es una opción, subrayan que es un recurso constitucional y, como última instancia, podría utilizarse para exponer a los diputados ante la voluntad de la opinión pública. Cabe destacar que, aunque la consulta popular directa no tiene carácter vinculante, se busca hacer partícipes a los representantes ante la opinión pública.