Dos mujeres imputadas por una estafa que provocó un perjuicio de casi cinco millones de pesos a la propietaria de un comercio de calzados de Aguilares obtuvieron el beneficio de la suspensión del juicio a prueba (probation), luego de comprometerse a realizar tareas comunitarias, reparar económicamente parte del daño y cumplir una serie de reglas de conducta.

La medida fue resuelta este miércoles 24 de junio durante una audiencia realizada en el Centro Judicial Concepción, a pedido de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad, dirigida por Gerardo Salas. La Fiscalía estuvo representada por el auxiliar de fiscal Juan José Ibáñez.

De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron entre diciembre de 2022 y abril de 2024. Una de las imputadas se desempeñaba como empleada en un local de venta de calzados de Aguilares y habría aprovechado la confianza depositada en ella por la dueña del negocio, una mujer de avanzada edad y con escasos conocimientos tecnológicos.

Según la investigación, la acusada accedió sin autorización a la cuenta de la billetera virtual BNA+ del Banco Nación, donde se acreditaban las ventas del comercio. Conociendo el usuario y la contraseña de la titular, generó 289 órdenes de extracción de dinero mediante la modalidad denominada Punto Efectivo.

Los códigos obtenidos eran enviados de manera sistemática a su madre, la segunda imputada. Con esa información y utilizando el DNI asociado a las operaciones, ambas concurrieron en reiteradas ocasiones a distintos cajeros automáticos para retirar el dinero.

La maniobra permitió extraer un total de $ 4.772.000, ocasionando un importante perjuicio económico a la propietaria del comercio. Por estos hechos, la Fiscalía les atribuyó a ambas el delito de estafa en calidad de coautoras.

Durante la audiencia, la defensa presentó una propuesta de reparación que fue aceptada por el Ministerio Público Fiscal y homologada por el órgano judicial. Como parte de las condiciones impuestas, ambas mujeres deberán realizar tareas comunitarias durante un año en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Río Chico.

Además, una de las imputadas deberá abonar $ 180.000 en 12 cuotas mensuales de $ 15.000, mientras que la otra pagará $ 300.000 en 12 cuotas de $ 25.000.

También se les ordenó fijar domicilio en la ciudad de Aguilares y cumplir una prohibición absoluta de acercamiento hacia la víctima, medida adoptada para garantizar su protección y el normal desarrollo del proceso.

La suspensión del juicio a prueba es una herramienta legal que permite suspender el avance de una causa penal siempre que los imputados cumplan determinadas obligaciones de conducta y reparación. Si las acusadas cumplen con todas las condiciones impuestas, la causa podrá extinguirse sin llegar a juicio. En caso contrario, el proceso penal continuará su curso.