En los últimos meses, las autoridades rusas han tomado medidas enérgicas contra los grupos afiliados a Navalny, de 45 años, considerado por muchos dentro y fuera de Rusia como el principal enemigo político del presidente Vladimir Putin.

Navalny cumple una pena de dos años y medio de prisión por supuestas violaciones de los términos de su libertad condicional relacionadas con un caso de fraude que, según él, tuvo motivaciones políticas.

Primero, un tribunal dictaminó en junio que las actividades anticorrupción de Navalny eran extremistas.

Luego, después de que sus aliados se reagruparon en torno a una nueva organización para las elecciones parlamentarias de septiembre, las autoridades comenzaron a investigar a los miembros de la campaña por supuestos cargos similares de extremismo.

Varios aliados de Navalny ya se han ido de Rusia.

Irina Fatyanova, exjefa de campaña de Navalny en San Petersburgo, escribió en su canal de la red social Telegram el martes que su decisión de abandonar Rusia había sido impulsada por el arresto de su compañera de bando político Liliya Chanysheva este mes.

“El caso de Liliya Chanysheva ha cambiado muchas cosas y me ayudó a darme cuenta de que tenía que irme”, expresó sobre la mujer, que podría enfrentar hasta 10 años de prisión.

El abogado Yevgeny Smirnov, que había representado la campaña de Navalny, dijo a Reuters que también se había ido de Rusia “debido a la presión constante” que, comentó incluye vigilancia, aunque no descartó regresar al país.

El propio Navalny ha lanzado su cuarta demanda en un intento de impugnar la decisión de las autoridades penitenciarias de designarlo como una persona que persigue ideologías extremistas, lo que conlleva restricciones adicionales en comparación con los reclusos habituales, dijo su abogado Vadim Kobzev.