Por el vencimiento del plazo del arresto domiciliario que venía cumpliendo un acusado por estafas reiteradas en 26 oportunidades, el juez actuante dispuso ordenar el cese y disponer en su reemplazo medidas de menor intensidad, entre ellas, la retención de los documentos de viaje y firmar todos los días el libro de comparendo en la comisaría de Yerba Buena. Además, deberá realizar una caución real de $10.000.000.
Previamente, la auxiliar de fiscal, María Paula Bellomio, en representación de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del MPF, que dirige María del Carmen Reuter, había solicitado la prórroga por otros dos meses. En su exposición, la investigadora recordó que se sospecha que el imputado y otros cómplices (a determinar) habría continuado operando con la suscripción de planes, pago de cuotas mensuales y contratos de compra-venta de vehículos en otro local comercial y con otra denominación, sito en calle Santiago al 1300 (en el allanamiento practicado el martes 15 de octubre se secuestró una camioneta marca Audi y una multiplicidad de documentación).
“Es una causa declarada compleja donde día a día se siguen sumando nuevas denuncias”, afirmó Bellomio sobre los riesgos procesales.
En su alocución, la defensa técnica del imputado señaló que ya depositó anteriormente $12.000.000 (en concepto de voluntad de pago a los denunciantes –reparación-).
En su resolución, el magistrado informó que las medidas serán por el término de seis meses donde se mantendrá en su contra la pulsera electrónica (ante la prohibición de salir del país sin autorización previa).
La teoría del caso
Según la Fiscalía, aparentando ser dueño de una empresa solvente, con local comercial visible al público ubicado en calle San Martín al 800 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, a sabiendas que no tenía el sustento económico para hacer frente a las operaciones comerciales que realizaba de manera constante, con intención clara de perjudicar a los clientes y sabiendo que no iba a cumplir con el acto comercial que se llevaría a cabo, suscribió contratos que consistían en que los damnificados debían abonar la suscripción de planes, pago de cuotas mensuales y contratos de compra-venta de vehículos que nunca llegaba a entregar, desapareciendo al momento en que tenía que cumplir con sus obligaciones (llegando a 26 hechos imputados hasta el momento).
