El Ministerio Público Fiscal (MPF) requirió la apertura a juicio contra Eduardo Ariel Araoz y pidió para él una pena de 30 años de prisión efectiva, al considerarlo jefe de una estructura criminal dedicada a cometer estafas en cadena que afectaron a comercios, empresas del rubro agropecuario y particulares en el sur de la provincia.

El requerimiento fue presentado por el fiscal Gerardo Nicolás Salas, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción. La investigación se desarrolló con la articulación del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y unidades investigativas de la policía provincial, y permitió esclarecer una serie de maniobras defraudatorias cometidas entre septiembre de 2023 y febrero de 2025.

Sociedades pantalla y cheques sin fondos

Según la acusación, Araoz utilizó empresas “fantasma” creadas en otras provincias, entre ellas The Cyprus Agency S.A.S., La Bajadita Agroganadera S.A.S., Otters Equipamientos S.A.S. y Robert Vesco & Co S.A.S., para emitir miles de e-cheqs y cheques físicos sin fondos.

El ECIF rastreó direcciones IP, identidades falsas en redes sociales, como la de “Eduardo Astorga”, y la rotación de chips telefónicos que impactaban de manera reiterada en un mismo dispositivo móvil, secuestrado en el domicilio del acusado.

La Fiscalía aplicó la figura del imputado arrepentido con otros dos integrantes de la organización, quienes confesaron el esquema interno y el reparto de roles, y señalaron a Araoz como el ideólogo y conductor de las operaciones.

Cómo operaba la banda

De acuerdo con la investigación, el método consistía en generar una aparente solvencia comercial para adquirir bienes de alto valor, como insumos agrícolas, neumáticos, material de construcción, casillas rodantes y equipos de aire acondicionado.

Tras cerrar las operaciones con identidades falsas o suplantando a clientes reconocidos, la banda enviaba fletes para retirar rápidamente la mercadería y acopiarla en galpones o domicilios particulares, antes de introducirla en el mercado informal.

Según el cálculo de la Fiscalía, el perjuicio patrimonial directo superó los $170.000.000 a través de diez hechos de estafa. Además, se constató que la red de empresas utilizadas acumulaba cheques rechazados en el sistema financiero por montos superiores a los 7.000 millones de pesos. Entre los damnificados figuran firmas e instituciones reconocidas, además de particulares.

La acusación y el decomiso

El MPF le atribuyó a Araoz la autoría del delito de asociación ilícita, en carácter de jefe u organizador, en concurso real con estafa en diez oportunidades. Además de los 30 años de prisión, solicitó el decomiso de todos los bienes, vehículos y elementos secuestrados durante el proceso.

Por disposición de la Fiscalía, lo recuperado será derivado a la Oficina de Políticas Reparatorias del MPF para asignarlo a proyectos con fines sociales comunitarios.