La Unidad Especializada de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira, presentó este jueves 1 de octubre su alegato final en el juicio contra dos efectivos de la Policía de Tucumán. Solicitó pena de dos años de prisión efectiva e inhabilitación especial por cuatro años para el comisario Julio Ernesto Campero y para el motorista Facundo Manuel Ruiz, a quienes acusa como coautores del delito de vejaciones. El debate había comenzado el martes 22 de septiembre.

El hecho que se juzga

Según la acusación, el 15 de agosto de 2022, a las 5.30, dos hermanos fueron aprehendidos en Suipacha y Santiago del Estero, cerca del club Alemán, durante un procedimiento por atentado y resistencia a la autoridad. Los trasladaron a la Dirección de Distritos Urbanos de la Policía, en calle Maipú entre Santiago y San Juan, donde llegaron a las 6 y fueron alojados en un cuarto de la dependencia.

La Fiscalía sostiene que, mientras estaban privados de su libertad y con las manos esposadas, Campero (subcomisario en ese momento) y Ruiz (personal transitorio policial) los agredieron a golpes de puño y patadas, y les provocaron lesiones. Los hermanos tenían 18 y 24 años en aquel momento.

El alegato de la Fiscalía

Estuvo a cargo de la auxiliar de fiscal Brenda Deroy, acompañada por Rivadeneira y el equipo de la unidad. En su exposición planteó interrogantes sobre lo ocurrido en la habitación de requisa: “Si las víctimas ya estaban golpeadas cuando entraron a la base, ¿por qué nadie lo anotó? ¿Por qué nadie llamó una ambulancia para ellos? ¿Y por qué un oficial de policía tuvo que entrar a ese cuarto a sacar a sus propios compañeros?”. Y agregó: “Sin que pudieran defenderse, les ajustaron cuentas y les provocaron las lesiones que nadie vio cuando entraron y que todos vieron cuando salieron”.

Deroy recordó que se trata de un juicio contra “dos hombres que han deshonrado a la institución policial” y sostuvo que “hoy le toca a la Justicia decir basta de creer que lo que pasa en el fondo de una base no sale nunca de ahí”. Fue más allá: “Basta de creer que un acta que calla alcanza para borrar una cabeza abierta y un diente partido”.

Lo que dijo el forense

La representante del Ministerio Fiscal repasó el informe del médico forense. Uno de los hermanos presentaba una herida contusa de tres centímetros en la cabeza, un hematoma en la oreja, una lesión en el labio, una pieza dental fracturada ya restaurada y hematomas en el brazo, la ingle y la pierna.

Según Deroy, el profesional dejó tres conclusiones: que una herida de ese tipo en la cabeza sangra mucho y no pasa desapercibida en el momento en que se produce; que lesiones repartidas en distintas zonas del cuerpo difícilmente surgen de una sola caída; y que las heridas de ambos hermanos se produjeron casi al mismo tiempo, en un lapso muy corto.

El agravante: ser funcionarios públicos

Al cerrar, la auxiliar de fiscal describió los hechos como “piñas y patadas con borceguíes contra hombres esposados”, que dejaron una cabeza abierta, un diente partido y dos jóvenes, uno de ellos de 18 años, que salieron de la base con miedo a la policía. Remarcó que los autores eran quienes tenían el deber de cuidarlos y que actuaron uniformados y dentro de una dependencia policial. También señaló que, durante este mismo proceso, uno de los acusados buscó a un testigo de menor jerarquía para saber qué recordaba.

Sobre la pena, advirtió: “Una condena en suspenso (condicional) le diría a cualquier policía que pegarle a un esposado no tiene una consecuencia real”.

Las defensas y lo que viene

Luego hablaron los abogados de los imputados, que pidieron la absolución. Finalmente, el juez Bernardo L’erario Babot pasó a un cuarto intermedio hasta este viernes, cuando se escucharán las últimas palabras de los acusados.