El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz pidió que se cite a declaración indagatoria al diputado nacional Carlos Cisneros, a la abogada Patricia Neme y al empleado de la Caja Popular Federico Petraglia en una investigación federal derivada de la denominada “causa Vélez”. Además solicitó medidas de coerción, como la prohibición de salida del país, y nuevas diligencias para avanzar en la pesquisa.

La causa federal se abrió a partir de actuaciones de la justicia provincial relacionadas con la denuncia por abuso sexual presentada por una joven contra futbolistas de Vélez Sarsfield tras un encuentro ocurrido en Tucumán en marzo de 2024. Aunque en ese expediente los jugadores fueron sobreseídos al considerarse que se trató de una relación consentida, el fiscal sostuvo que de las declaraciones surgieron indicios de posibles conductas vinculadas con trata de personas, lo que motivó la investigación en el fuero federal.

Ahora será el juez federal Guillermo Díaz Martínez quien deberá decidir si acepta el pedido del fiscal y convoca a los tres señalados a prestar declaración indagatoria. Mientras tanto, la defensa de Cisneros afirmó que el proceso se encuentra en una etapa preliminar, que no existe ningún pedido de desafuero y que el diputado está a disposición de la Justicia.

El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz solicitó al juez Guillermo Díaz Martínez, subrogante del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, que cite a declaración indagatoria al diputado nacional Carlos Cisneros, a la abogada Patricia Neme y al empleado de la Caja Popular de Ahorros Federico Petraglia, en el marco de una investigación abierta en la justicia federal a partir de derivaciones de la denominada “causa Vélez”. En el mismo dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal también pidió la aplicación de medidas de coerción personal —entre ellas la prohibición de salida del país— y una serie de diligencias probatorias para profundizar la investigación.

El requerimiento fue presentado en un dictamen de más de cincuenta páginas en el que el fiscal sostiene que los elementos reunidos hasta el momento permiten sospechar que los tres mencionados podrían haber tenido participación en hechos que ameritan ser analizados bajo la normativa federal vinculada con la trata de personas. Según planteó, las actuaciones derivan de información surgida durante la investigación judicial iniciada en Tucumán por una denuncia de abuso sexual que involucró a futbolistas del club Vélez Sarsfield.

La causa federal se abrió luego de que el Colegio de Jueces y Juezas del Centro Judicial Capital remitiera copias certificadas del expediente tramitado en la justicia provincial. En ese proceso intervenía el juez Augusto Paz Almonacid, quien entendió que algunas circunstancias surgidas en la investigación podían tener derivaciones de competencia federal, particularmente en relación con posibles conductas previstas en la Ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas.

El expediente original se inició a partir de la denuncia presentada por Lourdes Parache, quien relató que el 2 de marzo de 2024, tras un partido disputado en el estadio de Atlético Tucumán, fue contactada por el arquero de Vélez Sebastián Sosa a través de la red social Instagram. Según su testimonio, el futbolista le pidió su número de teléfono y luego le propuso encontrarse esa misma noche.

De acuerdo con la investigación provincial, ese encuentro derivó en un episodio denunciado como abuso sexual agravado en el que fueron señalados varios futbolistas del club: Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla. Durante el proceso se realizaron pericias sobre teléfonos celulares y se analizaron distintos testimonios.

A fines del año pasado se realizaron audiencias que se extendieron durante más de 16 horas en las que la querella solicitó la exclusión de las pericias telefónicas, planteo que fue rechazado por el juez. En ese marco, las defensas de los futbolistas pidieron el sobreseimiento al sostener que de las pruebas surgía que el encuentro había sido consentido. Finalmente, el magistrado resolvió sobreseer a los cuatro jugadores al considerar que existían elementos suficientes para concluir que no se trató de un abuso sexual. Esa resolución fue impugnada por la querella y el planteo aún debe ser revisado en una instancia posterior.

Sin embargo, el fiscal Vehils Ruiz sostuvo que, a partir de las declaraciones incorporadas en ese expediente y de otros elementos reunidos durante la investigación, surgieron indicios que motivaron la apertura de una causa paralela en la justicia federal. El objetivo es determinar si existieron conductas vinculadas con la captación o posible explotación de personas en un contexto de vulnerabilidad.

En ese contexto, el dictamen describe distintos hechos y actuaciones posteriores a la denuncia que, según la hipótesis fiscal, podrían haber tenido como finalidad influir en la situación de la denunciante o intervenir en circunstancias que merecen ser investigadas bajo la normativa federal. En esa línea, el fiscal solicitó que se convoque a prestar declaración indagatoria al diputado nacional Carlos Cisneros, a la abogada Patricia Neme, mencionada en el expediente como letrada vinculada con una de las personas que tomó contacto con la denunciante, y al empleado de la Caja Popular Federico Petraglia, identificado como otro de los actores que habría participado en situaciones bajo análisis.

Además del pedido de indagatoria, el Ministerio Público requirió que se adopten medidas de coerción personal para asegurar el normal desarrollo del proceso. Entre ellas solicitó la prohibición de salida del país de los imputados, al considerar que podrían existir riesgos procesales si no se adoptan medidas preventivas.

El fiscal también pidió que se dispongan nuevas medidas probatorias, entre ellas la recopilación de comunicaciones, el análisis de testimonios ya incorporados en el expediente provincial y la obtención de nuevos elementos que permitan esclarecer la eventual participación de cada uno de los involucrados.

Ahora la causa se encuentra a la espera de la decisión del juez federal interviniente, quien deberá resolver si hace lugar al requerimiento de instrucción presentado por el fiscal y si convoca a los tres señalados a prestar declaración indagatoria. De concretarse ese paso procesal, la investigación avanzará hacia una etapa clave para determinar si los hechos derivados de la denominada “causa Vélez” tienen ramificaciones que puedan encuadrarse en delitos federales.

En relación con el planteo del fiscal, el abogado Juan Andrés Robles, defensor del diputado Carlos Cisneros, difundió un comunicado en el que aclaró la situación procesal del legislador y cuestionó algunas versiones difundidas públicamente.

En primer lugar, explicó que el dictamen del Ministerio Público Fiscal constituye un requerimiento de instrucción, es decir, una solicitud formal para que se inicien medidas de prueba y se convoque a determinadas personas a prestar declaración. Según indicó, se trata de una etapa preliminar dentro de cualquier proceso penal que permite avanzar en la investigación y garantizar el ejercicio del derecho de defensa.

El letrado también subrayó que, hasta el momento, no existe ninguna resolución judicial que disponga o tramite el desafuero del diputado, por lo que las inmunidades parlamentarias del legislador permanecen vigentes. En ese sentido, sostuvo que esas inmunidades no impiden el avance de la investigación ni la actuación de la justicia.

Robles afirmó además que Cisneros se encuentra a disposición de la Justicia Federal y que colaborará con el proceso aportando los elementos necesarios para demostrar su ajenidad respecto de los hechos que se investigan.

Finalmente, el defensor remarcó que la prioridad de la defensa es que el caso se resuelva en el ámbito judicial, donde —según expresó— los hechos y las pruebas deberán imponerse sobre cualquier interpretación o especulación pública. Mientras tanto, la decisión sobre el pedido del fiscal quedará en manos del juzgado federal que interviene en el expediente.