Ocurre un día antes de que el máximo tribunal de la Unión Europea se pronuncie sobre la conveniencia de recortar la financiación a los Estados miembros que desprecian los derechos y las libertades democráticas.

La Unión de Libertades Civiles para Europa, con sede en Berlín, señaló a los dos antiguos países comunistas de la UE en un informe más amplio que destaca cómo se ha deteriorado el Estado de Derecho en todo el bloque de 27 países durante la pandemia de coronavirus.

Esta organización, que reúne a grupos de defensa de los derechos de 17 países de la UE, afirma que Hungría y Polonia están “tomando el control del sistema judicial, la sociedad civil y los medios de comunicación, al tiempo que recortan los derechos humanos básicos y alimentan las divisiones convirtiendo a los inmigrantes y otros grupos minoritarios en chivos expiatorios”.

Varsovia y Budapest niegan haber actuado mal y acusan a la UE de imponer valores liberales ajenos a lo que, según ellos, son sus sociedades tradicionales, conservadoras y católicas.

Cientos de miles de millones de euros están en juego en las batallas por el Estado de Derecho en la UE. La cohesión y la posición internacional del bloque se han visto perjudicadas por la disputa cada vez más enconada.

Unos 36.000 millones de euros en fondos de recuperación destinados a Polonia, y 7.000 millones de euros para Hungría, ya están congelados por su historial de derechos y valores democráticos.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, ha acusado a la UE de librar una “yihad” cultural contra Hungría, mientras que Varsovia ha amenazado con tomar represalias paralizando los avances en otras políticas de la UE en las que las decisiones se toman por consenso.

Si, como se espera, el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, avala la nueva herramienta policial, el bloque tardaría algunas semanas en iniciar el proceso de recorte de fondos.