Portugal es uno de los países más pobres de Europa Occidental. Más del 50% de los trabajadores ganaban menos de 1.000 euros al mes el año pasado, mientras que los alquileres y los precios de la vivienda han subido con fuerza. Sólo en Lisboa, los alquileres se dispararon un 37% en 2022.

Los bajos salarios, un mercado inmobiliario incandescente, políticas que animan a los extranjeros ricos a invertir y una economía dependiente del turismo han dificultado durante años el alquiler y posibilidad de compra para los portugueses, según los grupos de defensa de la vivienda. La tasa de inflación de Portugal, del 8,3%, ha agravado el problema.

El primer ministro, Antonio Costa, declaró en una rueda de prensa que la crisis afecta ahora a todas las familias, no sólo a las más vulnerables.

No está claro cuándo entrarán en vigor las medidas, por valor de al menos 900 millones de euros (962,19 millones de dólares). Costa dijo que algunas se aprobarán el mes que viene y otras serán votadas por los parlamentarios.

Se introducirá un mecanismo para regular el aumento de los alquileres, añadió, y el Gobierno ofrecerá incentivos fiscales a los propietarios que conviertan las viviendas turísticas en casas de alquiler para la población local.

Se prohibirán las nuevas licencias para alojamientos turísticos, como Airbnb, excepto en las zonas rurales menos pobladas.

Para hacer frente a la escasez de vivienda, Costa dijo que el Estado alquilará las casas vacías directamente a los propietarios durante un periodo de cinco años y las pondrá en el mercado de alquiler.

El programa de “golden visas” de Portugal, que ofrece pasaportes de la Unión Europea a ciudadanos extracomunitarios a cambio de inversiones, incluidas las inmobiliarias, y que ha sido criticado por hacer subir los precios de la vivienda y los alquileres, llegará a su fin, dijo Costa.