Lo que comenzó como una hipótesis, luego de dos décadas de investigación, se convirtió en una verdad irrefutable: efectivamente el Pozo de Vargas es una fosa común en donde fueron arrojados los cuerpos de los detenidos víctimas de la desaparición forzada durante el Operativo Independencia y el terrorismo de Estado. Una etapa fundamental de esta causa, a cargo del juez federal Fernando Poviña, llegó a su fin con la resolución que da por concluida la excavación en dicho espacio.

De lo profundo del Pozo de Vargas -convertido hoy en un lugar de memoria, verdad y justicia- se lograron rescatar los restos óseos de 149 personas de las cuales se identificaron 116, lo que lo convirtió en el sitio de inhumación clandestina con el mayor número de identidades encontradas de la República Argentina.

“En razón de haberse comprobado, a los 38 metros de profundidad, la existencia del piso técnico y la extracción total del material contenido en su interior, es que corresponde dar por finalizadas las tareas de excavación arqueológica iniciadas en el año 2002 y sostenidas, día a día, por los peritos (muchos de ellos integrantes del CAMIT) y ayudantes expertos en pericia científica y técnica en la búsqueda de la verdad de los hechos”, destaca uno de los párrafos de la resolución dictada y firmada por Poviña.

La investigación sobre la posible existencia de una fosa común en el Pozo de Vargas, comenzó el 12 de febrero de 2002, con la denuncia del dirigente peronista Enrique Romero (actual funcionario del municipio de la capital), quien manifestaba que en la finca de Antonio Manuel Vargas -ubicada en Av. Francisco de Aguirre al 4000, Tafí Viejo- existía un pozo de agua tapado, donde se arrojaban los cuerpos de las personas que habían estado en los distintos centros clandestinos de detención que tuvo nuestra provincia. Antes de la denuncia de Romero, comenzaron a circular los rumores de que en esa zona pintada por cañaverales se escuchaba durante la noche el ir y venir de camiones y el murmullo dolorido de gente. Esto fue confirmado con la declaración del denunciante, que sostenía que entre los años 1975-1979, en Villa Muñeca, lugar que limita con el predio, se “producían apagones de luz a partir de las 24 y se realizaban operativos trasladando a los detenidos desde los centros clandestinos de detención hasta la finca de Vargas donde se los ejecutaba, arrojando al pozo los cadáveres”.

Fue fundamental, para el inicio y desarrollo de la causa, no solo la lucha incansable de familiares y organismos de Derechos Humanos, sino también el aporte de la Universidad Nacional de Tucumán que convocó a la Facultad de Ciencias Naturales y Arqueología para que formara un equipo que pudiera investigar en ese lugar. Así surgió el Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán (GIAAT) que más tarde pasará a llamarse Colectivo de Arqueología Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), que coordina Ruy Zurita.

El equipo pericial comenzó a trabajar inmediatamente en febrero de 2002 y un mes después de iniciada las tareas se detectó una construcción subterránea que confirmó la existencia del pozo en el que las dificultades en la excavación, por la saturación de agua y cuestiones técnicas, no fueron pocas.

Recién en el año 2004, la hipótesis de la existencia de una fosa común en el Pozo de Vargas comenzó a tomar forma cuando el geólogo Juan Carlos Valoy realizó un sondeo experimental llevando a cabo una perforación de 2 pulgadas de diámetro comprobando el primer hallazgo de restos óseos humanos. Además, se pudo tener una estimación de la profundidad de la fosa que rondaba los 40 metros.

Los años que siguieron, en donde no faltaron las demoras clásicas de la burocracia, se caracterizaron por garantizar la seguridad del predio y contar con la estructura adecuada y los elementos necesarios para el desarrollo de la excavación las cuales se reanudaron en enero del 2010.

Esta etapa comenzó con la extracción de gran cantidad de material sedimentario integrado por escombros, restos de mamposterías, maderas, algunos metales, telas, cables, vidrios y ladrillos.

Fue a los 22 metros de profundidad en donde se hallaron gran cantidad de restos óseos humanos, que no eran cuerpos enteros sino pedacitos de vidas que se perdieron. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizó las pericias de ADN del material extraído en el interior del Pozo.

En el documento de la resolución de la causa se destaca: “El porcentaje de éxito en la obtención de los perfiles genéticos en las muestras analizadas procedentes del Pozo de Vargas representa el 75%, lo cual supera significativamente el promedio de obtención en muestras de otros enterramientos en Argentina, que suele ser menor al 50 %”.

En este sentido el juez Poviña agrega sobre la importancia del hallazgo en ese momento: “Esta información resultó relevante para impulsar la excavación arqueológica y fundamentar los esfuerzos técnicos, científicos y económicos, a los fines de avanzar con las identificaciones de las víctimas de desaparición forzada”.

El 12 de diciembre de 2011 el EAAF confirmó los resultados de la primera identidad en ver la luz. Se trataba de Guillermo Claudio Vargas Aignasse, quien había sido senador nacional desde 1973 hasta que fue detenido por orden del Gobernador de Facto Antonio Domingo Bussi un 24 de marzo de 1976, horas antes del golpe de Estado.

A medida que la excavación avanzaba metro a metro y año a año, los nombres de los desaparecidos en el pozo iban restituyendo su identidad dando testimonio sobre las atrocidades cometidas por los aparatos represivos del terrorismo de Estado y confirmando que la verdad, aunque quede enterrada debajo de los escombros y la tierra, siempre verá la luz.

De los 149 restos óseos encontrados en el Pozo de Vargas, todavía faltan restituir 33 identidades, es por eso que, si bien se finalizó con una de las etapas más importante de esta causa, la investigación está lejos de quedar concluida.

Casi al final del documento resolutivo, Poviña se refiere a la función que desempeñó desde que se hizo cargo de la causa en 2011:

“Al haber cumplido con las obligaciones asumidas por el Estado Argentino ante la comunidad internacional, puedo decir, con una profunda emoción que, las tareas periciales de excavación arqueológica desarrolladas finalizaron; mientras mantengo la esperanza que los últimos hallazgos producidos en el año 2022 se traduzcan en más verdad, que más personas desaparecidas encuentren su nombre y apellido, su familia, su historia. Y, que, finalmente, el duelo de las víctimas sobrevivientes sea una realidad acompañada con el debido respeto al cuerpo, al que tiene derecho todo ser humano”.

El magistrado concluye la resolución destacando la labor de cada uno de los miembros que formaron parte de la investigación a lo largo de estas dos décadas y valorando el “compromiso profesional, técnico y humano” gracias al cual “se logró superar las adversidades, construyendo con la firmeza que da la búsqueda de la verdad, un nuevo capítulo del ¡NUNCA MÁS!”