La resolución también alcanzó a otras cuatro personas y dispuso embargos millonarios sobre los bienes de todos los imputados.

La causa se inició a partir de una denuncia del organismo recaudador nacional, hoy denominado Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) , por presuntas maniobras de evasión impositiva y retención indebida de aportes a la seguridad social. Según la investigación, las irregularidades estarían relacionadas con la comercialización de azúcar y el incumplimiento de obligaciones fiscales vinculadas a la actividad del ingenio.

Además de Ansonnaud, el magistrado procesó a Santiago Gasep, Guillermo Aníbal Kargachin, Fabio Enrique Seoane y Marta María Fogliata, a quienes consideró integrantes de la presunta organización. Todos quedaron imputados como coautores del delito previsto en el Régimen Penal Tributario.

En su resolución, el juez sostuvo que la investigación permitió reunir elementos suficientes para considerar que los acusados habrían integrado una estructura estable destinada a cometer ilícitos fiscales de forma sistemática. En ese sentido, explicó que para dictar el procesamiento no es necesario contar con certeza absoluta, sino con un grado de probabilidad basado en las pruebas reunidas durante la instrucción.

La hipótesis de la fiscalía federal, a cargo de Agustín Chit, señala que el esquema habría funcionado al menos desde 2010 mediante la utilización de distintas sociedades comerciales para continuar con la explotación del ingenio mientras se eludían obligaciones tributarias y previsionales.

Entre las firmas mencionadas en la investigación aparecen MIJASI SRL, Azucarera del Sur SRL, ANZUC SRL, el Fideicomiso Azúcares del Tucumán y Los Chaguares SA. De acuerdo con la acusación, estas estructuras se habrían utilizado de manera sucesiva para sostener la actividad productiva mientras las sociedades anteriores quedaban sin recursos para afrontar sus obligaciones fiscales.

Según el Ministerio Público Fiscal, el presunto esquema incluía ventas de azúcar sin registrar, emisión de remitos irregulares, utilización de contribuyentes considerados no confiables por el organismo fiscal y la omisión en el pago de impuestos nacionales y aportes a la seguridad social. Además, se investiga la posible retención indebida de aportes previsionales y la contratación de trabajadores no registrados, lo que habría generado un perjuicio económico significativo para el Estado.

Uno de los elementos que reforzó la sospecha judicial surgió de los allanamientos realizados en agosto de 2018. Durante esos procedimientos se secuestró documentación contable y se detectó un depósito no declarado que contenía 176.840 bolsas de azúcar de 50 kilos cada una sin respaldo documental. Según el fallo, la empresa había negado previamente la existencia de depósitos externos.

En cuanto al rol de cada imputado, el juez consideró que Ansonnaud habría tenido una participación central en la operatoria investigada, en su carácter de propietario del ingenio, directivo de varias de las sociedades mencionadas y beneficiario del fideicomiso. El fallo señala que su intervención se reflejaría incluso en la firma de remitos y órdenes de entrega de mercadería detectadas durante la investigación.

Respecto de los demás acusados, la resolución describe distintas funciones dentro del presunto esquema empresarial. Gasep y Seoane habrían ocupado cargos directivos en algunas de las sociedades utilizadas para la explotación del ingenio, mientras que Fogliata se desempeñó como administradora fiduciaria del fideicomiso y Kargachin como contador de varias de las firmas vinculadas a la operatoria.

Como parte del procesamiento, el juez dispuso trabar un embargo de $1.000 millones sobre los bienes de Ansonnaud para garantizar eventuales sanciones económicas. En el caso de Gasep, Fogliata, Seoane y Kargachin, el embargo fue fijado en $700 millones para cada uno.

El delito de asociación ilícita tributaria prevé penas de tres años y seis meses a diez años de prisión para quienes integren una organización dedicada a cometer delitos fiscales, con un mínimo de cinco años cuando se trata de jefes u organizadores. Además, se trata de una figura penal autónoma, por lo que la eventual regularización de deudas fiscales no extingue la responsabilidad penal por la organización delictiva.

El procesamiento constituye una instancia intermedia dentro del proceso penal, en la que el juez considera acreditada, con el grado de probabilidad exigido por la ley, la existencia del delito y la posible participación de los imputados. A partir de esta resolución, la causa continuará su curso hacia las etapas posteriores del proceso, donde se definirá si los acusados deberán enfrentar un eventual juicio oral.

Tras conocerse la acusación fiscal, el abogado defensor de Ansonnaud, Arnaldo Ahumada, sostuvo que su cliente no mantiene deudas con el fisco, ya que las obligaciones personales y las de sus empresas se encuentran incluidas en un plan de pago de moratoria y blanqueo que —según afirmó— se cumple regularmente con la aprobación de ARCA. Luego del procesamiento, el letrado adelantó que apelarán la resolución judicial al considerar que la medida “debe ser revisada para garantizar el respeto del orden jurídico y la seguridad jurídica”.