El Gobierno de la Nación ha decidido extender el régimen de segmentación de subsidios para las tarifas de luz y gas hasta julio de 2026, a través de un decreto que se espera sea publicado en las próximas horas. Este esquema, que estaba programado para vencer el 31 de este mes, se implementó en 2022 y establece una categorización de la asistencia estatal de acuerdo a los niveles de ingresos de los usuarios, diferenciando entre altos, medios y bajos ingresos.

Durante los últimos meses, la administración nacional ha llevado a cabo recortes parciales en las subvenciones, pero el contexto de emergencia energética y la proximidad de un calendario electoral han llevado a la Casa Rosada a optar por postergar la eliminación total de los subsidios a las tarifas energéticas. Esta nueva prórroga se justifica como una medida necesaria para facilitar una transición que permita a los usuarios familiarizarse con los costos reales de la energía, fomentar la eficiencia energética y garantizar que los hogares con vulnerabilidad económica puedan acceder al consumo mínimo indispensable de energía.

El régimen de subsidios en cuestión ha estado en vigor desde su implementación en 2022, y se basa en una segmentación por ingresos para los usuarios residenciales, clasificándolos en tres grupos: N1, que incluye a aquellos con altos ingresos o quienes no han solicitado subsidio; N2, que corresponde a los de bajos ingresos; y N3, que abarca a los de ingresos medios. Desde su inicio, este sistema ha experimentado diversas modificaciones y recortes, sin embargo, actualmente cerca de 9,5 millones de usuarios, pertenecientes a las categorías de ingresos medios y bajos, reciben algún tipo de asistencia estatal en sus tarifas de luz y gas.

La subvención se aplica de manera escalonada, con descuentos que pueden alcanzar hasta el 65% para los usuarios de menores ingresos, y se distribuye en bloques de consumo. Según estimaciones del Gobierno, el proceso de sinceramiento tarifario ha permitido que la mayoría de los usuarios ya cubran el 80% del precio pleno de la energía, lo que indica un avance en la adecuación de tarifas hacia una estructura más realista, aunque sigue existiendo una parte significativa de la población que depende de la asistencia estatal para afrontar sus costos energéticos.