De modo contundente y desfavorable para Carolina Ballesteros, el Jurado de Enjuiciamiento que encabeza Eleonora Rodríguez Campos dio a conocer los argumentos por los que resolvió la expulsión de la jueza del Poder Judicial. El Tribunal consideró que estuvieron probados los tres cargos denunciados por la comisión de Juicio Político contra a la magistrada del Colegio de Jueces y Juezas del Centro Judicial Capital.

Se declaró culpable por unanimidad a la ahora ex jueza en la audiencia del jueves 27 de febrero y se la destituyó por falta de cumplimiento de los deberes a su cargo y reiteración de irregularidades en el procedimiento (artículos 47 y 125 de la Constitución de Tucumán, y artículo 19, incisos 2 y 5 de la Ley 8.734).

El Jury resaltó en los fundamentos que existe una “llamativa coincidencia” en el “comportamiento desmesurado” que tuvo Ballesteros en los tres casos. Además, puso énfasis que en estos procesos no se persigue la aplicación de una pena, sino solamente apartar a un funcionario en protección del interés público.

La resolución consta de 85 páginas. Fue elaborada el 5 de marzo y lleva la rúbrica de todos los miembros del Jurado: Rodríguez Campos (presidenta); Javier Morof (vice); Silvia Peyracchia (abogada); y los legisladores Jorge Leal (h), Tomás Cobos, Alberto Olea, Sara Lazarte y Rolando Alfaro.

La Gaceta tuvo acceso al documento, en el que se hizo un profundo repaso de los cargos que levantó la comisión de Juicio Político contra Ballesteros mediante la Resolución N°616: por “violentado la esencia del proceso” en una causa en la que su padre fue víctima, en 2022; por haberse excedido en su actividad jurisdiccional, en su rol de magistrada, por “haber realizado afirmaciones y expresiones despectivas contra funcionarios del MPD y el MPF”, en 2023; y por denuncias de malos tratos que realizó el personal del Juzgado Penal de la V Nominación, en 2019.

Además, se enumeraron las diferentes excepciones de inconstitucionalidad y requerimientos de nulidad que planteó la defensa técnica de Ballesteros, que estuvo a cargo del abogado Gustavo Morales. Se especificaron los motivos por los que no se hizo lugar a ninguna de ellas.

Agresividad impropia

Por el primero de los cargos, el Jury repasó las declaraciones que realizaron en las audiencias el fiscal Ignacio López Bustos y las funcionarias fiscales Daniela Briz Tomas, Lucrecia Lugones y Silvina Ojeda Tiberi, entre otros testigos. Ratificaron “fue un escándalo” aquel día que Ballesteros fue a la Unidad Fiscal en rechazo de las medidas que se adoptaron contra las acusadas. Se insistió con que hubo gritos, que se vivieron momentos angustiantes y que la oficina quedó afectada.

“La forma en que la señora jueza se dirigió al fiscal, a empleados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal implica una reacción violenta y agresiva impropia de un magistrado y una transgresión franca y abierta de las más elementales obligaciones de brindar un trato respetuoso, adecuado a la dignidad del cargo que ocupa y con los deberes de tratar con cortesía y decoro a los litigantes y demás miembros del Poder Judicial”, mencionó el Jurado. Añadió que, aún cursando una situación familiar delicada, “debió mostrar la confianza suficiente en el sistema procesal penal del que una jueza del fuero forma parte en esta provincia a la hora de efectuar sus planteos o incluso a la hora de esperar determinados resultados jurisdiccionales respecto a los planteos que pueda realizar como justiciable”.

Escenario inapropiado

En cuanto a la segunda acusación, el Jurado remarcó que no es el contenido de la decisión que tomó la jueza lo que motivó la formulación del cargo, sino el haber realizado manifestaciones con falta de decoro, respeto y trato profesional que excedían su rol de jueza durante la audiencia.

“… ¿Los auxiliares pueden ser sustituidos por máquinas? Los auxiliares sí pero el juez no…”. “¿Saben qué va a pasar cuando sean sustituidos por un avatar? Dejan de ser imprescindibles, para pasar a ser prescindibles. ¿Y qué pasa cuando uno es prescindible? Queda sin trabajo, no puede llevar el pan a su casa…”, es la frase que motivó la acusación.

La jueza dijo que sólo trataba de compartir con jóvenes funcionarios su experiencia en un reciente congreso, pero el Jury remarcó que “de ninguna manera una audiencia penal en donde se solicita el sobreseimiento de una persona imputada de un delito constituye un escenario apropiado para compartir las reflexiones académicas”.

Maltratar y humillar

En cuanto a cargo por malos tratos que realizó el personal del Juzgado Penal de la V Nominación (2019), el Jurado consideró que con los testimonios recabados se encuentra suficientemente probado que Ballesteros tuvo conductas que implicaron malos tratos, avasallamientos, acusaciones infundadas, amenazas y humillaciones, hechos que justifican su remoción del cargo que ostenta dado que se desnaturalizó el rol que le cabe cumplir a un magistrado a cargo de una unidad jurisdiccional.

Consignó el Jury en la resolución que la acusada no negó los hechos y tampoco hubo descargos o contrainterrogatorios en ese sentido. “Ninguna demora en ninguna unidad jurisdiccional autoriza a sus titulares a maltratar a los empleados a su cargo”, se expresó. Se consideró probado que existía un clima hostil a partir de diferentes actos de desprecio que tuvo Ballesteros hacia sus empleados

“La jerarquía que ostentan los magistrados en esta Provincia les exige desempeñar una función constitucional y conlleva un sinnúmero de garantías que rodean esa alta misión que les incumbe desempeñar (inamovilidad mientras dure su buena conducta, intangibilidad de su remuneración, etc.). Pero de ningún modo la jerarquización de su función y la importancia asignada en nuestro diseño institucional al rol que cumplen los autoriza, como pretende la Dra. Ballesteros, a maltratar y humillar a sus empleados pretextando un atraso en la forma de llevar el despacho por parte de sus empleados o funcionarios”, se agregó en el texto.

El lunes definen los planteos contra Jiménez

La comisión de Juicio Político se reunirá este lunes a las 10 para tratar los pedidos de juicio político que presentaron Ballesteros y Morales contra el ministro fiscal Edmundo Jiménez. Una de las acusaciones es por actividad incompatible con la función pública y fue ratificada. La otra presentación que involucra supuestas falsificaciones de firmas no fue reafirmada por el letrado. El comité que debe resolver estas presentaciones está integrado por: Sergio Mansilla (presidente), Tulio Caponio, Paula Galván, Sara Assan, José Orellana, Aldo Salomón (vicepresidente), Mario Leito, Rodolfo Ocaranza, Claudio Viña, Eduardo Verón Guerra, Francisco Serra y Leopoldo Rodríguez.