El Ministerio Fiscal, a través de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, representada por la auxiliar de fiscal María Paula Bellomio, quien actuó bajo las expresas instrucciones de la fiscal titular María del Carmen Reuter, se opuso firmemente al pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado por la defensa de un empresario constructor imputado por estafa agravada.

Según la acusación, el imputado (propietario de una empresa constructora) está señalado por haber participado activamente en una maniobra fraudulenta junto a un técnico constructor, en el marco de un contrato firmado con una familia para la construcción de una vivienda en un country de Yerba Buena.

Durante la audiencia, Bellomio rechazó el planteo de la defensa, al igual que la querella, argumentando la gravedad del hecho y el perjuicio económico y emocional sufrido por las víctimas. “La familia damnificada tuvo que desembolsar más de 35 millones de pesos para evitar que su casa se derrumbara”, expresó la representante del MPF, al tiempo que remarcó que el accionar de los imputados no fue un error técnico, sino una conducta dolosa.

De acuerdo con la teoría del caso, la obra fue ejecutada entre febrero de 2021 y marzo de 2023 sin respetar los planos ni las planillas de estructuras aprobadas por los organismos competentes. Las tareas se realizaron con materiales en cantidad y calidad inferiores a los exigidos, omitiendo elementos estructurales clave como vigas y columnas. Estas falencias fueron especialmente críticas en sectores de alto riesgo como el voladizo del dormitorio principal y el garaje, los cuales presentaban peligro de derrumbe.

La fiscalía calificó el hecho como estafa agravada por fraude en materiales de construcción, en calidad de coautores.

Finalizada la audiencia, el juez resolvió rechazar el pedido de probation, y todo indica que la pretensión del MPF es elevar la causa a juicio oral.