En medio de la controversia por la participación de los más de 100.000 inscriptos, comenzarán en la Cámara de Diputados las audiencias públicas por la reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar.

En ese marco, este miércoles a las 10 iniciará la primera de las dos jornadas de participación en las audiencias públicas, que tendrá como protagonista a los expositores presenciales, junto a los diputados que integran las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales. Los ingresos serán por las calles Mitre y Riobamba de la ciudad de Buenos Aires, por lo que se prevé una interrupción de la circulación de vehículos en las inmediaciones al Congreso de la Nación, en coincidencia con los habituales operativos policiales por las movilizaciones que realizan jubilados cada miércoles.

La segunda jornada será el jueves 26 de marzo, que se concentrará en las intervenciones de los inscriptos de las provincias, que podrán participar de manera virtual. Con esta actividad se cerrarán las audiencias públicas, dando paso a encuentros de discusión parlamentaria y un potencial dictamen, el paso previo a que la Cámara de Diputados vote la reforma en el recinto. En caso de aprobarlo sin modificaciones, el proyecto se convertirá en ley, dado que ya cuenta con la media sanción del Senado.

La Justicia rechazó la participación de todos los inscriptos a la audiencia pública
El pasado jueves, Greenpeace presentó un escrito para que la Cámara de Diputados garantice la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública. También solicitaron que la participación no se reemplace por el envío de una carta o un video y que se designen veedores judiciales que supervisen el desarrollo de la audiencia, tanto presenciales como virtuales. El caso recayó sobre el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº7, actualmente subrogado por Enrique Lavié Pico, que determinó que solo participen 400 personas de los más de 100.000 inscriptos.

Previamente, habían realizado una solicitud similar -aunque en el ámbito legislativo, no en el judicial- los diputados Sabrina Selva (Unión por la Patria), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas) argumentando que “un proceso legislativo en el cual las instancias de participación pública resulten meramente formales o simbólicas incrementa significativamente el riesgo de judicialización”.

El proyecto de reforma fue incluido entre las prioridades legislativas de la gestión libertaria. Su redacción modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, ratificando a los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos. Además añade la posibilidad de autoridades competentes locales de determinar cuándo se trata de “estratégica” la reserva y poder intervenir en la composición del Inventario Nacional de Glaciares (ING), incluyendo o removiendo un “glaciar o geoforma periglacial” según lo contemplen, incluyendo “una instancia de participación ciudadana”.