El plan de retiro voluntario se aprobó ayer jueves en la sesión ordinaria de la Legislatura. El sistema establece un retiro voluntario y temporal, por el término de cuatro años (o menos cuando estuviera cerca de la jubilación), renovable por otros cuatro años.

Durante ese periodo, el Estado abonará el 70% de los haberes normales, en el mismo tiempo y forma que lo hagan los agentes en actividad. También se mantendrá el beneficio de la obra social.

De acuerdo al proyecto sancionado por la Cámara, el agente de la administración pública tendrá que tener un mínimo de tres años de antigüedad. En tanto que los que se adhieran a esta norma, dejarán de prestar servicio a partir del primer día hábil del mes siguiente al del acto administrativo definitivo que se conceda el retiro.

Durante el debate, que estuvo conducido por el presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, varios legisladores de la oposición habían planteado su postura en contra de que el retiro sea temporal y no definitivo, advirtieron que la habilitación de la matrícula podría abrir la puerta a que una gran cantidad de profesionales firme el retiro por conveniencia económica.