“La gran mayoría de la población estamos deseosos y esperando desde hace mucho tiempo que esto vuelva a reactivarse, porque esta es la fuente de vida”, dijo a la AFP Hugo Enrique, un taxista de 48 años.

La Oroya, ubicada a 175 kilómetros al este de Lima, agoniza desde 2009, conforme se despuebla y el comercio cae por la quiebra ese año del enorme complejo metalúrgico que fue eje de su economía desde 1922.

En casi un siglo procesó cobre, zinc, plomo, plata, oro, bismuto, indio, telurio, antimonio y selenio que provenían de minas aledañas.

Hoy, en esta ciudad de unos 20.000 habitantes, casas abandonadas y tiendas vacías se agrupan alrededor de la emblemática chimenea de 167 metros, una de las más altas de Sudamérica. Cerros sin vegetación rodean el casco urbano construido a unos 3.750 metros sobre el nivel del mar.

La economía de La Oroya puede revivir en 2023 si el complejo metalúrgico reabre, como anunciaron sus extrabajadores en octubre tras convertirse en los nuevos propietarios.

¿Pero a qué costo?

Manuel Enrique Apolinario, un profesor de 68 años que ha vivido frente a la fundición en una casa de madera y ladrillos desde 1975, dijo a la AFP que su organismo tiene niveles de plomo, arsénico y cadmio.

“Aquí el trabajador o el comerciante pareciera que se había acostumbrado a esa modalidad de vida dentro de humo y gases tóxicos”, señaló. “Toda una vida aquellos que hemos vivido acá hemos estado mal con casos gripales y bronquitis, sobre todo respiratorios”.

Según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en 2013, el 97% de los niños entre seis meses y seis años, y el 98% de los de entre siete y 12 años, tenía niveles elevados de plomo en la sangre.

– “Responsabilidad ambiental” –

La fundición de La Oroya empezó a operar el 23 de noviembre de 1922 bajo la estadounidense Cerro de Pasco Corporation. En 1974 fue estatizada y en 1997 se privatizó pasando a manos de Doe Run, del estadounidense grupo Renco.