Continúa el tire y afloje entre la Justicia y los pedidos de amparo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei que entró en efecto este viernes. Ahora, la Justicia federal de San Juan habilitó tratar un pedido contra la normativa del Presidente durante el período de feria judicial.

El documento rubricado por Eliana Beatriz Ratta Rivas, Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, se expresa que “de modo excepçional y en virtud de las circunstancias propias del presente caso, sin que ello genere precedente alguno, estimo prudente y adecuado disponer la habilitación de la feria judicial extraordinaria”.

Por otro lado, hasta el pasado miércoles 27 de diciembre ya se habían registrado 13 amparos judiciales contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía impulsado por el presidente Javier Milei, con pedidos de suspensión hasta que se dicte sentencia de fondo en relación a planteos de presunta inconstitucionalidad de la norma. El decreto entró en vigencia el último jueves.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación había aceptado el pasado viernes analizar la constitucionalidad del DNU de Javier Milei, pero advirtió que lo haría al regreso de la feria judicial de verano, en febrero próximo.

La decisión del máximo tribunal responde al pedido del Gobierno de La Rioja, que solicitó este viernes que se declare la “inconstitucionalidad manifiesta” del DNU 70/2023 de desregulación económica, y que dicte una medida cautelar que suspenda de inmediato su aplicación y que asuma la “competencia originaria” para entender en el asunto.

La Rioja lo hizo a través de una “acción declarativa de certeza” presentada por el gobernador Ricardo Quintela, con el patrocinio como abogados del exministro de la Corte Raúl Zaffaroni y de Raúl Ferreyra.

Además, se reclamó al máximo tribunal del país que habilite la feria judicial de enero que inicia la semana próxima para resolver la causa, en el primer planteo que llega de manera directa a la Corte contra el decreto del Gobierno de Javier Milei que empezó a regir desde hoy.

En la “acción declarativa de certeza” se pidió que se declare “la nulidad absoluta e insanable del decreto n°70/2023 por resultar manifiestamente contrario a la Constitución” y que de manera inmediata “se dicte una medida cautelar que disponga la suspensión total de los efectos”.

También se pide a la Corte que ordene al Poder Ejecutivo “no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la presente causa”.