Se acerca el momento para que el Congreso debata el proyecto más ambicioso del Gobierno en el inicio del 2026: la reforma laboral. Aunque su Gabinete se concentra en reuniones con los gobernadores para garantizarse una mayoría legislativa, su mirada también está fijada en las medidas del sindicalismo y los legisladores. Sergio Palazzo, titular de La Bancaria -bajo la órbita de la CGT- y diputado de Unión por la Patria, es protagonista de esos dos ámbitos.

Aunque la oposición reconoció como un logro la dilación del tratamiento de la reforma laboral, dado que el objetivo difundido por el oficialismo era conseguir media sanción del Senado en diciembre, aún le resta como desafío obtener al menos modificaciones a la redacción original (que ya obtuvo dictamen) en instancia de comisiones. El plan del Gobierno es solo habilitar cambios en medio de la votación: se aseguró algunos votos desde las provincias, en medio del ruido que empezó a crecer entre los empresarios. Tanto los gobernadores como las cámaras son el objetivo de las reuniones del sindicalismo en esta recta final de negociaciones.

“El proyecto es un mamarracho que merece ser rechazado de punta a punta. No genera empleo, facilita la precarización y los que voten el Fondo de Asistencia Laboral incluso deberían ir presos: pretenden darles la plata de los jubilados -a los que se les niega un ínfimo aumento- a las patronales para que despidan trabajadores”, opina Palazzo con dureza sobre el proyecto en una conversación exclusiva con Ámbito.

Periodista (P.): En diciembre hubo una reunión entre la CGT y los legisladores peronistas y ambos se llevaron el compromiso de acercarse a las provincias y dar a conocer su propio proyecto. ¿Cómo están en ese proceso? ¿Qué avances tuvieron desde ese momento hasta acá?

Sergio Palazzo (S.P.): En principio hubo charlas obviamente de la CGT y de distintos dirigentes con gobernadores. Como se pasó a febrero la discusión, las conversaciones se profundizaron para que no acompañen una ley de reforma laboral que cercena derechos individuales de los trabajadores, derechos de la negociación colectiva y derechos de las asociaciones. La entendemos como una ley absolutamente nociva que debería tener un contundente rechazo y en ese sentido son las reuniones y los pedidos que se le formulan a los distintos gobernadores.

P.: También en el último tiempo hubo acercamiento con algunas cámaras, como la CAC o la CAME. ¿Hubo algún entendimiento?

S.P.: Siempre hubo conversaciones. Creo que esta ley de reforma laboral no convence ni siquiera a muchos sectores empresarios y por eso han salido algunas cámaras acompañando la posición de la CGT. Es una reforma que tiende a quitar derechos y que no tiene ningún sentido. Es un mamarracho político que lo único que pretende es demostrar, desde un punto de vista ideológico, hacia dónde va el Gobierno, que es una alianza con los sectores más concentrados de la economía y perjudicando a los trabajadores.

P.: Estos sectores empresariales tienen reuniones directas con los encargados de la redacción del proyecto del Gobierno, ¿qué le expresan cuando se reúnen con ellos?

S.P.: No sé si pasa algo en las reuniones directas. Si vos analizás, y está en el Boletín Oficial, cuando se hizo la presentación del proyecto por el Consejo de Mayo figura que tanto Martín Rappallini por la UIA como Gerardo Martínez por la CGT habían presentado propuestas respecto a los temas laborales, pero no especifica muy bien cuáles y plantean que ellos no la habían tenido en cuenta. Quiere decir que a los sectores involucrados no les prestan atención desde el Gobierno. Esto será obra de tres o cuatro abogados ligados al Gobierno, más el fundamentalismo de Federico Sturzenegger.

P.: El Gobierno se expresa muy confiado con la aprobación de este proyecto, incluso en el Senado en donde tienen menos influencia. ¿Cuál piensa usted que tiene que ser la estrategia opositora cuando ya se acerca la votación?

S.P.: En principio no creo que se muestren muy confiados en que tienen los votos para sacar la ley, si no lo hubieran sacado el día del tratamiento en el Senado en el mes de diciembre; o si tuvieran los votos el reinicio de extraordinaria hubiera sido el 15 de enero, no el 2 de febrero. Eso demuestra que el Gobierno no está teniendo los consensos suficientes con otros actores políticos para tener la ley.

Especulo también que deben estar haciendo algún análisis desde el punto de vista político porque ellos saben que hay muchos artículos a los que seguramente se van a tildar de inconstitucionales. Esta reforma permite rebaja salarial, viola el principio de autonomía sindical y trata temas impositivos que debería tratar primero la Cámara de Diputados. Tiene muchas falencias desde el punto de vista jurídico. Creo que no tienen ni siquiera el consenso con otros partidos políticos y con gran parte del sector empresario.