La Justicia tucumana imputó a un hombre de 34 años por el siniestro vial ocurrido en febrero de 2022 sobre la ruta provincial 305, a la altura de Timbó Nuevo, en el que murió uno de sus acompañantes. La investigación determinó que el conductor circulaba a casi el doble de la velocidad permitida y realizaba maniobras peligrosas antes de perder el control del vehículo y estrellarse contra una alcantarilla.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale. Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Luz Becerra formuló cargos contra Jesús Antonio Galán por el delito de homicidio culposo agravado por conducción imprudente y antirreglamentaria, y por exceder en más de 30 km/h la velocidad máxima permitida.

De acuerdo con la teoría del caso, Galán conducía un Peugeot 208 por la ruta provincial 305, a la altura del kilómetro 23, cuando transportaba a otras cuatro personas, entre ellas Sergio Armando Argota, de 42 años.

Los peritajes accidentológicos establecieron que el vehículo se desplazaba a una velocidad mínima de 108 km/h en un tramo urbano donde el límite permitido era de 60 km/h. Además, la investigación incorporó testimonios y otros elementos de prueba que señalaron que el acusado realizaba maniobras de zigzag sobre la calzada.

Como consecuencia de esa conducción temeraria, el automovilista perdió el control del rodado, cruzó de carril y terminó impactando violentamente contra una alcantarilla de mampostería. Tras el choque, el vehículo recorrió banquinas y cunetas antes de detenerse. El lateral izquierdo del automóvil, donde viajaba Argota, quedó completamente destruido y la víctima falleció en el lugar a causa de las graves lesiones sufridas.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el imputado no solo incumplió las normas básicas de tránsito, sino que también puso en riesgo la vida de todos los ocupantes del vehículo al conducir de manera imprudente en una zona poblada.

La Fiscalía también informó que Galán registra una condena previa dictada en Quilmes, provincia de Buenos Aires, por un robo agravado con el uso de un arma de fuego cometido en 2017, por el que recibió una pena de tres años y siete meses de prisión.

En cuanto a las medidas procesales, el MPF solicitó la imposición de reglas de conducta por el plazo de cinco meses mientras continúa la investigación. El juez interviniente hizo lugar al planteo de la Fiscalía y dispuso que el acusado permanezca sometido al proceso bajo estrictas condiciones de comparecencia ante la Justicia.