Una nota enviada por el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) a la empresa Hidroeléctrica Tucumán SA, concesionaria del dique El Cadillal, autoriza las gestiones para elevar el nivel de embalse hasta su cota máxima de 607,50 metros sobre el nivel del mar (msnm).

La esperada medida llega luego de más de tres años de operar de manera reducida por los severos riesgos derivados de grietas y fisuras en la estructura. Si bien aún no hubo anuncios oficiales, todo indica que con esta habilitación se darán por finalizadas las obras de reparación llevadas a cabo por cuenta del Gobierno provincial, que en paralelo promueve un juicio millonario contra la concesionaria para exigir el reintegro total de los fondos.

El aval técnico y el monitoreo constante
El documento, firmado el jueves pasado por Adriano Borus, presidente del ORSEP, es una respuesta directa al informe técnico denominado “Evaluación de Parámetros de Comportamiento de Presa Lateral N° 3”, elaborado en abril.

El texto señala que el organismo “toma conocimiento de las conclusiones allí expuestas, en las cuales se indica que el comportamiento de la obra resulta aceptable para el nivel actual de embalse”, evidenciándose claras “mejoras en la estanqueidad como resultado de los trabajos de inyección ejecutados”. En base a esta evaluación, el ente dependiente del Ministerio de Economía de la Nación dio luz verde a la recomendación de elevar la cota a 607,50 msnm.

Aunque la diferencia es de apenas un metro respecto al nivel anterior, la inmensa superficie del embalse implica un volumen de agua enorme. Por este motivo, el ORSEP incluyó como exigencia que se mantenga “una supervisión permanente de la evolución de los parámetros de control”. Ante cualquier anomalía, la empresa deberá informar de manera inmediata y reducir el nivel del embalse preventivamente.

El frente judicial: un reclamo de $15.300 millones
La nota técnica del ORSEP ya comenzó a circular por distintos despachos de la Casa de Gobierno. Ahora resta que el gobernador Osvaldo Jaldo confirme oficialmente si las obras en la presa llegaron a su fin.

El conflicto, sin embargo, está lejos de terminar. Desde lo judicial, el Poder Ejecutivo busca recuperar los fondos invertidos mediante un juicio promovido ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1 de Capital Federal. Según la ampliación de la demanda interpuesta por la Fiscalía de Estado, hasta diciembre de 2025 se habían destinado más de $15.300 millones a la reparación del dique.

El proyecto había sido adjudicado mediante contratación directa a la unión transitoria de empresas conformada por Mercovial SA y Sabavisa SA. Tras una primera etapa con un presupuesto inicial de $690 millones, las tareas y los montos debieron ampliarse drásticamente a partir de lo que iban arrojando los estudios sobre el terreno.

El Gobierno provincial decidió hacerse cargo de estos trabajos de emergencia a través de un DNU firmado a principios de 2023, argumentando que se encontraba comprometida “la seguridad pública, el abastecimiento de agua para la población y del sector agrícola”. A casi tres años de aquella intervención, y con el contrato de la concesionaria próximo a vencer en el segundo semestre del año, el principal reservorio de agua de la provincia se prepara para volver a operar al 100% de su capacidad.