Los niveles de pobreza registraron un descenso durante los dos primeros años de gestión del presidente Javier Milei. Sin embargo, un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (OSDA-UCA) —titulado “Estabilización, nuevo ciclo y deudas sociales persistentes en una Argentina en transición”— advierte que esa baja real podría haber sido “mucho menor” que la comunicada de manera oficial.

Principales explicaciones del Observatorio
El trabajo del OSDA-UCA ofrece tres argumentos centrales para sostener que la caída de la pobreza medida por ingresos está sobrestimada:

En primer lugar, la entidad señala que la disminución de los indicadores se sustentó principalmente en la desaceleración de la inflación y no tanto en una mejora sostenida del poder adquisitivo de la población.
En segundo lugar, advierte que los ingresos captados por la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) crecieron “muy por encima de las fuentes de registro”, lo que operaría sobrestimando la caída de la pobreza y la indigencia.
En tercer lugar, el Observatorio cuestiona la falta de actualización de la metodología utilizada por el Indec para la elaboración del Índice de Precios al Consumidor (IPC), así como la demora en la renovación de los ponderadores y de las canastas básicas alimentaria y total.
Evolución en 2024–2025
Según el informe dirigido por Agustín Salvia, “existen razones para sostener que la relativa mejora ocurrida en los niveles de pobreza medida por ingresos pueda estar sobrestimada”. El Observatorio puntualiza que, tras un primer período (2023) de aceleración inflacionaria y estancamiento que erosionó el poder adquisitivo, las medidas de estabilización aplicadas desde la segunda mitad de 2024 permitieron una recuperación parcial de ingresos y una reversión de las tasas de pobreza e indigencia.

No obstante, el organismo enfatiza que esa recuperación habría estado más vinculada a la desaceleración inflacionaria que a un aumento real y sostenido del consumo. Además, subraya que la captación de ingresos en la EPH —con un crecimiento superior al observado en fuentes administrativas— podría haber magnificado la percepción de mejora, de modo que la reducción efectiva de la pobreza y la indigencia se habría verificado —según la UCA— recién en 2025 y en menor magnitud de la comunicada oficialmente.

La actualización del IPC y las canastas
El informe pone en evidencia la postergación en la actualización tanto de los ponderadores del IPC como de las canastas básicas que definen los umbrales de indigencia y pobreza. Según la UCA, esta falta de actualización “estaría sobreestimando la caída debido a que se omiten los cambios experimentados en los precios relativos de los servicios”. En otras palabras, si el IPC y las canastas no reflejan los cambios en la estructura del gasto, las mediciones pueden dar una imagen parcial de la realidad económica de los hogares.

Impacto diferencial por edad: la infancia
Un aspecto central del diagnóstico del Observatorio es la persistencia y consolidación de desigualdades por franjas etarias. El informe subraya que, aun cuando hay una mejora agregada en algunos indicadores, los hogares con presencia de niños y adolescentes enfrentan mayores riesgos de privación monetaria.

La UCA afirma que la pobreza y la indigencia afectan de manera desproporcionada a la población infantil, consolidando un proceso de “infantilización de las privaciones”. Según el informe, en 2025 más del 40% de los menores de 13 a 17 años continuaba en situación de pobreza monetaria, una proporción que duplica ampliamente la registrada entre los adultos mayores, incluso después de la reducción general observada desde 2024.