Los investigadores ya tenían evidencia que sugería que personas cercanas al presidente Juan Orlando Hernández habían robado fondos del Gobierno, según Santos.

Ahora, querían saber qué tan cerca del núcleo de la administración los llevaría su investigación. Los documentos del Gobierno en el palacio, creían, podrían mostrar si los altos funcionarios, incluido el presidente, estaban involucrados en el soborno y podrían apuntar a otras tramas aún por descubrir.

La operación, cuyos detalles no se habían informado antes, terminó en un punto muerto.

En la puerta del palacio, dijo Santos a Reuters, el personal presidencial bloqueó a la mayoría de los investigadores, lo que permitió que sólo él y dos de sus colegas ingresaran.

Pero durante las siguientes 12 horas, mientras funcionarios del Gobierno telefoneaban repetidamente para pedirle que se retirara, Santos obtuvo documentos que lo llevarían a formular cargos penales contra 11 funcionarios, incluida una hermana del presidente, por presuntos delitos relacionados con el desvío de 5 millones de dólares en efectivo de fondos públicos.

Los cargos, detallados en un documento que Santos presentó en febrero ante la Corte Suprema, aún no han llegado a juicio, y no está claro si lo harán. El tribunal, dominado por los aliados de Hernández, debe otorgar permiso antes de que los fiscales puedan acusar a funcionarios públicos.

La presidencia de Honduras no respondió a las solicitudes de Reuters para discutir el allanamiento, los cargos solicitados por los fiscales o las acusaciones contra Hernández, sus familiares y asistentes.

La redada y la lucha de Santos para enjuiciar a quienes busca acusar es fundamental para una batalla en curso entre la elite y un embrionario movimiento anticorrupción, posiblemente de corta duración, en Honduras.