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26/03/2021

Un juez resolvió que el imputado deberá pagar alimentos hasta tanto tome intervención la Justicia de Familia

En el marco de una causa por lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género, el Dr. Mario Reinaldo Velázquez, magistrado delegado del Centro Judicial Monteros y miembro del Colegio de Jueces, ordenó al imputado que entregue periódicamente din

El Dr. Velázquez, tras escuchar a las partes y sus representantes en la audiencia de formulación de cargos y control de medidas de coerción, emitió esta resolución para aliviar la situación de vulnerabilidad extrema en que se encuentra la denunciante, quien no sólo padeció agresiones físicas y verbales sino que también pasó necesidades materiales junto a sus hijos menores de edad. Para ello, aplicó importantes de forma integral en su fallo las pautas de debida diligencia, acceso a justicia y tutela judicial efectiva.

Los pormenores de la investigación sobre los hechos denunciados fueron brindados por la Dra. María Eugenia Posse, titular de la Unidad Fiscal de Investigación y Enjuiciamiento en Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Contra la Integridad Sexual del Centro Judicial Monteros. Entre otras evidencias, la investigadora presentó el informe de riesgo practicado por el Equipo Interdisciplinario tras entrevistar a la denunciante. En este documento, los profesionales consideraron que la víctima se encontraría en una situación de riesgo muy alto, derivados la historicidad de la violencia en la pareja, los episodios cíclicos de violencia física, sexual, emocional, verbal, ambiental, y especialmente económica, motivada por marcados estereotipos de género.

Tras el turno de la defensa técnica –que no observó la declaración del Ministerio Público Fiscal-, el magistrado le cedió la palabra a la víctima, quien le pidió que velara por el bienestar de ella y de los niños, a los que el accionado habría maltratado.

Teniendo en cuenta que el imputado se desempeña informalmente como chófer de colectivos mientras la víctima realiza trabajo no remunerado (tareas de cuidado), el Dr. Velázquez emitió una resolución en la que subraya que esta asimetría es otra de las formas en que se sustentan los roles de género que dan lugar a la violencia hacia la mujer.

Así, aceptó los cargos formulados por la Unidad Fiscal y, en particular, consideró que “cuando se habla de violencia no sólo se habla de lesiones si no de cualquier acción o conducta basada en su género que pudiera causar la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer tanto en el ámbito público como en el privado”.

Al adoptar la perspectiva de género como pauta interpretativa sostuvo en relación a la violencia económica que las decisiones jurisdiccionales debían apartarse de la lógica del mero trámite para “pensar en la persona, (…) acompañar a la víctima de violencia que acude en un estado de angustia y vulnerabilidad a un poder del Estado ya cuando está cansada de venir soportando lo que ha venido padeciendo en el día a día. Ese acompañamiento tiene que ser constante en el tiempo y con una mirada integral, no solo dando intervención a todos los organismos del Estado que funcionan en el ámbito del Poder ejecutivo e inclusive en las oficinas de violencia que tienen nuestra CSJT que puedan brindar ayuda a esta señora que necesita en todos sus aspectos, que sirvan para empoderarla y para darle los recursos para que pueda seguir adelante”.

Es por esto que, pese a declararse incompetente en la materia, ordenó provisoriamente al acusado que entregue en la sede del MPF $3600 por semana, equivalentes al 10% de un salario mínimo, vital y móvil, los que tendrán carácter alimentario, hasta tanto se inicie el proceso civil correspondiente al fuero de Familia, donde se atenderán las obligaciones que derivan de su responsabilidad parental. Por último, además de mantener la medida cautelar de prohibición de acercamiento, también exhortó a que el Ministerio Público Fiscal ponga los pormenores del caso en conocimiento de los organismos competentes de la Secretaría de Estado de la Mujer, para que hagan efectiva la tutela judicial de la víctima y sus hijos y se les brinde atención integral.

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