Una nueva intervención estatal en la localidad de Ticucho, ubicada en las inmediaciones de El Cadillal y perteneciente a la comuna de Tapia, expuso la creciente tensión por el uso y ocupación de tierras provinciales. En el marco de un operativo de relevamiento realizado este lunes por diversas áreas del Gobierno de Tucumán, se detectaron construcciones ilegales, alambrados instalados sobre terrenos fiscales e intentos de obstrucción a las tareas de fiscalización, que culminaron con la demora de un hombre.

La acción fue coordinada por la Unidad Ejecutora junto a las direcciones de Catastro, Flora y Fauna, Recursos Hídricos y el Ente Tucumán Turismo, con el objetivo de avanzar en el ordenamiento territorial de una zona marcada por lo que los funcionarios describieron como una “ensalada dominial”: terrenos disputados entre el Estado nacional, el Estado provincial, particulares y una familia que alega derechos ancestrales.

En esta ocasión, el Gobierno aplicó la figura de la “autotutela administrativa”, que permite al Estado actuar directamente ante la ocupación indebida de sus tierras sin necesidad de una orden judicial. Así, comenzaron a retirar alambrados colocados de forma ilegal, especialmente aquellos que llegaban hasta el espejo de agua del dique, aunque la tarea fue suspendida por falta de maquinaria especializada para continuar el trabajo.

Durante el recorrido, los inspectores constataron edificaciones en terrenos que pertenecen a la Provincia y que habían sido previamente devueltos por el club Scania. A los ocupantes se les notificó que cuentan con un plazo de 10 días para desalojar voluntariamente, con advertencia de que, en caso de no hacerlo, se procederá al uso de la fuerza pública.

En paralelo, se inspeccionaron otros predios cuya titularidad estaba bajo sospecha. Según los primeros informes, la vivienda del comisionado Pedro Acosta no estaría construida sobre tierras fiscales, sino en una parcela perteneciente a un particular identificado como Adolfo López. También se evaluó la situación de dos establecimientos avícolas ubicados a la vera de la ruta 312, que serían operados por Acosta o por la comuna de Tapia. El informe final aún debe determinar si estas granjas cuentan con habilitación y si cumplen con las normas ambientales en cuanto al tratamiento de residuos.

El operativo culminó con la demora de un hombre que, según fuentes oficiales, intentó generar incidentes para interrumpir las tareas. Las autoridades remarcaron que las inspecciones continuarán y que el informe técnico completo será presentado en los próximos días, con nuevas definiciones sobre eventuales desalojos y causas judiciales.Tucumán Artesanías

La zona de Ticucho se ha convertido en un punto caliente para la Fiscalía de Estado y para el Ministerio del Interior de la Provincia, en su cruzada por recuperar tierras fiscales usurpadas en áreas turísticas clave como El Mollar, San Javier, Ibatín y El Cadillal. Con este nuevo episodio, el Gobierno de Osvaldo Jaldo refuerza su política de regularización territorial, en medio de crecientes denuncias sobre construcciones irregulares, emprendimientos sin habilitación y venta ilegal de terrenos.