El expresidente Mauricio Macri busca ganar tiempo en busca de paso evitar el avance de la Justicia en el entrecruzamiento de sus llamadas con la denominada “Mesa Judicial M”, en momentos clave de la embestida contra el Grupo Indalo. A menos de 24 horas de que la Cámara de Casación resolviera por unanimidad avalar la medida de prueba solicitada por la jueza María Servini, los abogados del ex presidentre se presentaron ante la Sala III y anunciaron que interpondrían un recurso extraordinario para ir a la Corte Suprema con su planteo de evitar que se incorpore en la investigación el circuito de llamados que dejaría al desnudo la maniobra. Casación adelantó que no existe una cuestión federal y la recolección de pruebas es facultad exclusiva de la instrucción.

Según explica Gabriel Morini en ámbito, El objetivo de la defensa del ex presidente es por un lado, evitar que Servini comience a trabajar con el nuevo entrecruzamiento ya que el primero –sobre Pepín Rodríguez Simón- derivó en su llamado a indagatoria para el 28 de mayo y el dictado de una prohibición de salir del país, al encontrarse corroboradas fechas que testigos habían señalado respecto de los mensajes y amenazas a los accionistas de Indalo y a empresarios del juego. También apunta a involucrar a la Corte Suprema como último salvataje a su estrategia. Las medidas de prueba no son apelables.

Pablo Lanusse, abogado de Mauricio Macri, ya había apelado la decisión de Servini a la Cámara Federal, que terminó confirmando que las pruebas debían obtenerse y recortó el lapso en los cuales debía practicarse el análisis del patrón de llamadas de Mauricio Macri, José Torello, Pepín Rodríguez Simón, empresarios y la ex cúpula de la AFIP, con Alberto Abad.

Tras esa decisión, volvió a acudir a Casación que le propinó un revés declarando inadmisibles los recursos que presentaron los imputados. La jueza no puede rastrear el contenido de los llamados ni tampoco solicita que Mauricio Macri ponga a disposición su aparato telefónico, sino que solo fue una diligencia a las empresas telefónicas para que identifiquen abonados y a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que un cruce llamados delimitados en un espacio temporal que abona la coordinación de maniobras para ahogar administrativamente al Grupo Indalo, a través de la causa Oil Combustibles y a la par avanzar penalmente contra los accionistas Cristóbal López y Fabián De Sousa, en una denuncia que se reportó falsa pero con la que consiguieron dictarle prisión preventiva por 22 meses.

Con el seguro rechazo de Casación, la defensa de Macri insistirá con un recurso de queja y volverá a pedir bloquear las medidas de prueba en el juzgado de Servini. En la causa, la querella solicitó la recusación del presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz, uno de los interlocutores frecuentes de Pepín Rodríguez Simón.

Esos llamados se explican en una amistad que data de hace cuarenta años entre el sindicado como operador judicial del macrismo y el abogado que a partir de 2016 pasó a integrar la Corte a instancias del propio Pepín Rodríguez Simón. Precisamente la confirmación de ese lazo de amistad con uno de los principales imputados del expediente, hoy llamado a indagatoria, obligaría al presidente de la Corte Suprema a excusarse.

La Sala III indicó que “las decisiones impugnadas -relacionadas con la nulidad y alcance de una medida probatoria- no revisten la calidad de sentencia definitiva ni se equiparan a ella”, sostuvieron los camaristas Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani. “Las asistencias técnicas no han logrado acreditar fundamentalmente la existencia de una cuestión federal de entidad suficiente, ni la concurrencia de alguna circunstancia que imponga la habilitación de la competencia de esta Cámara”, indicaron. Fuentes judiciales interpretaron que se busca dilatar en el tiempo una definición y que la jueza no llegue a obtener conclusiones que puedan derivar en nuevos llamados a indagatoria.