María Verónica Leal, de 40 años, se acercó el pasado viernes a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte con la intención de buscar ayuda. Durante la entrevista, los profesionales encargados de evaluar su situación determinaron que se trataba de un caso de peligrosidad media. Sin embargo, cinco días después, Leal fue asesinada por el hombre al que había denunciado por violencia de género.

La historia de Leal y Carlos Álvaro Gerez, de 45 años, es compleja. Aunque ya no mantenían una relación de pareja, ambos continuaban residiendo en la misma vivienda por cuestiones económicas, ubicada en la avenida Brígido Terán al 2.500. Según los testimonios, Leal había comenzado una nueva relación con otra persona, lo que, aparentemente, generó un cambio en la dinámica entre ambos. “Ella estaba feliz porque le iba muy bien. Él no se bancaba que ella estuviera pasando por ese buen momento”, comentó María Fernanda, vecina de la víctima.

El hostigamiento de Gerez hacia Leal se intensificó al enterarse de su nueva relación, presionándola para que abandonara la casa. A pesar de que la vivienda era propiedad de él, Leal había realizado varios arreglos en el lugar desde su llegada y, además, se encontraba en una situación precaria que le dificultaba abandonar el hogar.

En su denuncia, Leal expresó tener miedo, aunque solo mencionó haber sufrido agresiones verbales, según una fuente judicial. Esto significa que no reportó agresiones físicas ni amenazas directas, limitándose a describir gritos y presiones para que se marchara junto a sus hijos.

La resolución de la Justicia

Ayer viernes 2 de mayo, se llevó a cabo una audiencia solicitada por la Unidad Fiscal de Homicidios II, encabezada por el fiscal Carlos Sale. En esta ocasión, se procedió a legalizar la aprehensión de Carlos Álvaro Jerez, quien enfrenta cargos por ser presunto autor de un homicidio agravado, cometido contra su ex pareja en un contexto de violencia de género.

La auxiliar de fiscal, Luz Becerra, argumentó la gravedad del caso, solicitando la prisión preventiva del imputado por un período de 180 días. En sus declaraciones, enfatizó que “estamos hablando de un hecho sumamente grave, donde la condena es de prisión perpetua”, subrayando la necesidad de protección para los hijos de la víctima, quienes aún residen en el mismo domicilio y deben ser convocados a declarar.

La jueza que presidió la audiencia, tras evaluar los argumentos presentados por la fiscalía, decidió hacer lugar a la medida cautelar solicitada, estableciendo la prisión preventiva de Jerez por el plazo indicado, mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente.