Mientras el gobierno de Javier Milei insiste en impulsar la reforma laboral como herramienta para combatir una informalidad que —según funcionarios libertarios— alcanza al 43% de los trabajadores, las estadísticas oficiales cuentan otra historia.

Lo que la gestión de Milei, el ministro Luis Caputo y Patricia Bullrich evitan mencionar es que, en dos años de mandato, el propio oficialismo ha golpeado el entramado empresarial capaz de generar empleo genuino, forzando así una mayor informalidad en todos los sectores. Los últimos datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) son contundentes y exhiben el impacto de las políticas económicas sobre la industria local.

El reporte es lapidario. En noviembre del año pasado —último dato oficial disponible— cerraron sus puertas 892 empresas. Si se amplía la lupa, solo en los primeros once meses de 2025 se registró una pérdida neta de 9.722 empleadores.

Pero el acumulado de la gestión libertaria muestra un escenario aún más complejo: desde la asunción del Gobierno, casi 22.000 empresas debieron bajar la persiana, con una incidencia devastadora en el sector de la construcción.

La comparación es directa:

En noviembre de 2023, el sistema contaba con 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores.
Dos años después, en noviembre de 2025, el sistema contabilizó 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores.
El saldo de estos 24 meses es una caída neta de 21.938 empleadores y la pérdida de 290.602 puestos de trabajo registrados.

Pymes de vida corta
Otra conclusión alarmante del Informe de Trabajo es la dificultad de supervivencia para los nuevos emprendimientos. Una proporción relevante de las firmas que intentan ingresar al mercado no logra superar un ciclo de vida corto: entre el tercer trimestre de 2024 y el segundo de 2025, el 34% del total de cierres correspondió a empresas con menos de tres años de antigüedad.

Para el sector productivo, estos datos confirman que les resultó imposible sobrevivir a la “motosierra” y la “licuadora” del gabinete económico; y mucho menos prosperar en una recesión que el Gobierno intenta minimizar bajo la alfombra de un INDEC cuya independencia hoy es cuestionada por la intervención del Ejecutivo.