El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, firmó un decreto mediante el cual la provincia mantendrá sin aumentos, hasta el 31 de agosto, las tarifas de los principales servicios públicos provinciales y reducirá en un 20% las cuotas de viviendas sociales.

La decisión abarca los servicios de energía eléctrica, agua potable y saneamiento, transporte urbano de pasajeros y conectividad, incluyendo a empresas con participación estatal provincial.

Además, el decreto establece que los adjudicatarios de viviendas sociales de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo (APVyU) tendrán una reducción extraordinaria del 20% en el valor de sus cuotas, que también permanecerán congeladas durante el período de vigencia de la medida.

Según se indica en los fundamentos, la decisión responde al impacto que las recientes políticas económicas nacionales están generando en el costo de los servicios esenciales, en un contexto de eliminación de subsidios y desregulación de precios.

En ese marco, el Gobierno riojano remarcó que el acceso al agua potable, la energía eléctrica y la conectividad digital se encuentran reconocidos en la Constitución provincial como derechos esenciales, y que garantizar su acceso forma parte de la responsabilidad indelegable del Estado.

La medida implica un esfuerzo fiscal por parte de la Provincia, que deberá realizar adecuaciones presupuestarias para sostener el funcionamiento de las empresas prestatarias y asegurar la continuidad de los servicios.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que el objetivo es proteger el poder adquisitivo de las familias y sostener el acceso a servicios esenciales, en un escenario de fuerte presión sobre los ingresos.

Tarifa eléctrica diferencia para el Norte Grande
Semanas atrás, el peronismo presentó en el Senado un proyecto de ley de tarifa eléctrica diferencial para el Norte Grande, una demanda histórica de la región que componen 10 provincias del noroeste y del noreste argentino. La iniciativa fue consensuada por distintos legisladores justicialistas y contempla descuentos de hasta el 50% para los sectores de bajos ingresos.

La propuesta, a la que tuvo acceso Ámbito, plantea la constitución de un “Régimen Federal de Tarifa Diferenciada de Energía Eléctrica para el Norte Grande Argentino”, cuyo objetivo es “garantizar a los usuarios residenciales de el acceso permanente al servicio esencial de energía eléctrica mediante tarifas adecuadas a las características climáticas, geográficas y socioeconómicas de la región en cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación, del derecho a la energía como derecho humano”.

Entre sus principales puntos, se destacan descuentos del 50% en las tarifas para los ingresos bajos y un 35% para ingresos medios y entidades sociales. Asimismo, que no haya tope de consumo subsidiado y límites a los aumentos: pueden superar salarios -de acuerdo al Coeficiente de Variación de Salarios- o precios mayoristas (IPIM). También contempla IVA 0% para quienes no tienen gas natural.

El control del esquema recaería sobre la Secretaría de Energía de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía, con la participación de entes reguladores provinciales. Se incluye, además, la presentación de informes trimestrales al Congreso y un registro público de beneficiarios.