Dos tucumanos fueron procesados por la Justicia Federal por haber lavado activos provenientes del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas del continente. También se resolvió que continúen el proceso en libertad y se ordenó un embargo de $3.000 millones a cada uno de ellos. Las madres de los acusados, que ya habían quedado libres, quedaron totalmente despegadas del caso.

Según la investigación, Marcelo Clayton Alves de Sousa, considerado el cerebro financiero del grupo brasileño, se instaló en Argentina para blanquear dinero obtenido por la organización a través del narcotráfico, el tráfico de armas, los secuestros extorsivos y otros delitos. El presunto líder de la estructura dedicada a estas operaciones permanece prófugo.

De acuerdo con la pesquisa, en diciembre de 2022 creó el grupo de WhatsApp denominado “Cuenta Arg Verificados”. Utilizando el alias “Sakamoto”, impartía instrucciones a personas reclutadas para realizar operaciones con criptomonedas. Los investigadores sostienen que habría movilizado alrededor de U$S 500 millones mediante la compra y venta de activos virtuales.

Durante la investigación, que se extendió por más de tres años, aparecieron los nombres de cuatro tucumanos. Por esa razón, el fiscal federal Agustín Chit abrió una pesquisa paralela y concluyó que habrían participado Mauricio Alejandro Córdoba (28), Francisco Alejandro Aragón (28) y sus respectivas madres, Elisa Torres Toledo y Alejandra Agüero.

A principios de este año, el representante del Ministerio Público logró que se congelaran sus fondos. Al sumar más evidencias, semanas atrás consiguió que se realizaran allanamientos y que fueran detenidos tres de los cuatro sospechosos. El cuarto se presentó ante las autoridades por recomendación de su defensor, Álvaro Zelarayán.

La declaración de los imputados giró sobre tres ejes. Ellos no sabían que “Sakamoto” era el cerebro financiero del Comando Vermelho, que sus madres no tenían nada que ver con la actividad que desarrollaban y que se dedicaban a realizar estas operaciones para subsistir, desmintiendo así haber obtenido ganancias millonarias.

La resolución
Para el magistrado, los acusados recibieron transferencias de criptomonedas de parte del representante de la organización criminal a través de canales externos. Vendieron esos activos y transfirieron los pagos recibidos a terceros indicados por el aportante. Consideró acreditada esa situación a partir de la rendición de cuentas mediante comprobantes, aprovechando la falta de un organismo de control que regule esa actividad.

Los acusados, en su declaración indagatoria, sostuvieron que no conocían personalmente a “Sakamoto” y, mucho menos, que les transferían capitales provenientes de una actividad ilícita. El magistrado sostuvo que en la investigación quedó acreditada la existencia de un vínculo de confianza con la “fuente de los fondos”.

“Los elementos, valorados en su conjunto y no de manera aislada, permiten sostener, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, que Córdoba y Aragón no podían razonablemente desconocer el origen espurio de los activos que recibían y convertían a moneda de curso legal, provenientes de una persona cuya identidad real manifestaron ignorar y que operaba deliberadamente por fuera de los canales seguros de la plataforma”, razonó el juez.

“No se advierte, ni la defensa ha logrado explicar, cuál sería la razón legítima por la cual un vendedor de criptoactivos debería rendir cuentas -mediante el envío sistemático de comprobantes- de sus propias operaciones ya perfeccionadas frente a una persona que, según sus propios dichos, sólo conocían como una contraparte más entre miles”, fundamentó Díaz Martínez.

“Esa lógica de rendición de cuentas resulta, por el contrario, propia de quien opera como intermediario o ejecutor de instrucciones ajenas dentro de una estructura jerarquizada, y no de quien lleva adelante, por cuenta y a beneficio propio, una actividad de arbitraje autónoma”, añadió en la resolución.

También consideró que Córdoba y Aragón debían representarse la posibilidad de que los activos con los que operaban tuvieran un origen ilícito. “Pese a ello, decidieron continuar el circuito de recepción, conversión y pago, más aún cuando debían sospechar de los singulares y recurrentes envíos directos de la persona identificada como ‘Sakamoto’, quien posteriormente solicitaba que los pesos obtenidos de la venta de las criptomonedas fueran transferidos a cuentas distintas de su titularidad”, razonó.

Más detalles
Sobre Torres Toledo y Agüero, el magistrado entendió que quedaron implicadas en el caso porque sus hijos utilizaron sus nombres para realizar la operatoria y les dictó la falta de mérito, es decir, no las acusó de ningún delito ni las sobreseyó. Sí dejó en claro que su suerte procesal quedó atada a los resultados de las pericias a los dispositivos electrónicos que les secuestraron durante los allanamientos.

La situación procesal de Córdoba y Aragón terminó siendo beneficiada por la resolución tomada a favor de sus progenitoras. “La circunstancia referida a la pertenencia a una asociación o banda, entendida como la formación de una organización estructurada, con diferentes roles asignados a los imputados, no se ha acreditado hasta el presente, toda vez que las pruebas actualmente incorporadas respecto de las encausadas Torres Toledo y Agüero no permiten corroborar su participación en la maniobra de lavado de activos endilgada”, sentenció el magistrado.

Díaz Martínez estableció que los acusados realizaron esta maniobra de manera sistemática durante un extenso período, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Por esa razón, decidió acusarlos de lavado de activos, agravado por haber sido cometido con habitualidad y en calidad de coautores.

El magistrado entendió que no existen riesgos procesales, por lo que dictó el procesamiento sin prisión preventiva, aunque les impuso reglas de conducta, como la prohibición de salir del país. El embargo de $3.000 millones a cada uno es uno de los más altos que se han dispuesto en los últimos tiempos.