Dos jóvenes de 25 años fueron formalmente acusadas por la Justicia tucumana tras confirmarse que presentaron certificados médicos apócrifos para justificar ausencias en su lugar de trabajo, un comercio de golosinas ubicado sobre la avenida Solano Vera al 1.000, en la ciudad de Yerba Buena.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, conducida por el fiscal Diego Alejo López Ávila. Durante la audiencia de formalización de la investigación, la auxiliar de fiscal Emely Rafael formuló la acusación bajo el delito de uso de documento falsificado o adulterado.

Un mismo diagnóstico y médicos que no firmaron

Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal (MPF), el primer hecho ocurrió el pasado 2 de mayo, cuando una de las empleadas entregó a su patrón un certificado fecharlo el 26 de abril con membrete del Hospital Centro de Salud Zenón J. Santillán. El escrito indicaba un cuadro de gastroenteritis y prescribía seis días de reposo laboral. Tras realizar averiguaciones en el nosocomio, el comerciante constató que la profesional médica figurante se desempeñaba como médica de guardia y no emitía esa clase de documentos.

El segundo episodio tuvo lugar el 4 de junio, cuando la otra empleada remitió por vías electrónicas y luego presentó en forma física un certificado similar, también con membrete del mismo hospital y bajo la firma de otra profesional. El documento diagnosticaba la misma afección —gastroenteritis— y concedía 72 horas de licencia. Las autoridades hospitalarias confirmaron posteriormente que la profesional firmante ni siquiera se encontraba prestando servicios en la fecha señalada.

Medidas cautelares

A pedido de la representación fiscal, la jueza interviniente resolvió dictar medidas de coerción contra ambas acusadas. Por el término de seis meses, las jóvenes tendrán prohibido acercarse o realizar cualquier acto de turbación, hostigamiento e intimidación hacia su empleador.

“Se trata de medidas prudentes y razonables a los hechos atribuidos, teniendo en cuenta la posibilidad de arribar a una salida alternativa o de avanzar a una siguiente etapa del proceso penal”, destacó la auxiliar fiscal Emely Rafael.