Luego de que el oficialismo resolviera eliminar el capítulo vinculado a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros para evitar que el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada se postergara, el Senado avanzó con el debate del resto de la iniciativa.

La jornada se desarrolló con tensión adentro y afuera del recinto del Senado. Alrededor del Congreso de la Nación marcharon movimientos sociales y organizaciones en contra de la propuesta oficialista. La policía buscó dispersar a los manifestantes y se produjeron incidentes que dejaron como saldo al menos 11 detenidos y heridos.

Adentro, el inicio de la sesión estuvo marcado por los cruces entre el oficialismo y la oposición por la crisis que mantiene el gobierno de Milei con Brasil a raíz de los insultos del libertario a Lula.

En el inicio de la jornada, el presidente del bloque del PJ, José Mayans, mocionó para levantar la sesión, argumentando que el dictamen final del proyecto había llegado recién al mediodía, sin permitir un periodo serio de estudio. La propuesta no prosperó: el oficialismo demostró que cuenta con 38 votos, aunque hay cautela con el desenlace de la sesión.

Además, se definió que la participación en forma virtual de los senadores Anabel Fernández Sagasti (Justicialista – Mendoza) y Flavio Fama (UCR – Catamarca) se defina en comisiones, luego del pedido realizado por ambos por cuestiones de salud. En los hechos, los legisladores no podrán participar.

Mientras que el oficialismo confía en haber reunido el apoyo requerido para aprobar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, en las bambalinas del Congreso aumentó la preocupación sobre el destino particular del capítulo que propone la modificación de la actual Ley de Manejo del Fuego.

La ley vigente, impulsada por Máximo Kirchner durante la gestión de Alberto Fernández, establece una prohibición sobre la venta y el cambio del rubro de uso de las tierras que hubieran sufrido un incendio durante un período de 60 años. Esta norma fue aplicada tanto para bosques nativos como para otras áreas afectadas, con el objetivo de desalentar posibles incendios intencionales vinculados a intereses inmobiliarios o productivos.

En contraposición, la nueva propuesta limita la prohibición a la imposibilidad de modificar el uso y destino original, pero sin establecer un período específico. Esto significa que, ante un incendio, la superficie deberá mantener la misma función que tenía antes del siniestro, pero no se bloquea la venta ni se impone el plazo de 60 años para cualquier cambio de titularidad.

También se propone eliminar el artículo 22 quáter de la legislación actual. Este detalla que, en zonas agropecuarias, praderas, pastizales y matorrales afectadas por incendios, “se prohíbe por el término de treinta (30) años desde su extinción: a) la realización de emprendimientos inmobiliarios; b) cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio; y, c) la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas agropecuarias intensivas, excepto en los casos que dichas prácticas y modalidades hubiesen antecedido al evento”.

Con esta eliminación, la propuesta busca levantar las limitaciones de treinta años para el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios y cambios en la actividad agropecuaria en zonas no forestales, que se trata del plazo vigente en que está prohibido transformar el destino original del terreno afectado.